Mientras aumenta la presión internacional sobre Nicolás Maduro, denunciado por su "terrorismo de Estado" en la OEA, María Corina Machado intenta levantar las protestas en las calles este sábado en Venezuela y en un centenar de ciudades del mundo, incluyendo Buenos Aires.

Muchos dan por sentado que fuera de Venezuela las concentraciones serán más numerosas que las de dentro del país, pues el gobierno ha redoblado sus acciones represivas y sus amenazas sobre una población aterrorizada. El viernes en la noche al menos otro importante dirigente político cayó preso, mientras cenaba con su familia en un restaurante de Caracas.

El secretario de organización nacional de Acción Democrática (AD) Piero Maroun, fue llevado a la fuerza la noche del viernes, en una detención presenciada por impávidos comensales que no dijeron nada. Algunos lograron filmar con sus teléfonos y difundir las imágenes en las redes sociales, ese último refugio de la libertad de información que queda en Venezuela.

AD, es un partido socialdemócrata, el más tradicional, del recordado ex presidente Carlos Andrés Pérez. El régimen “expropió” sus siglas y estructuras en diciembre de 2022, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para dárselo a unos políticos simpatizantes chavistas, en una estrategia refinada para dispersar votos opositores.

El ala donde milita Maroun es la que se mantiene “en resistencia” y es parte de la Plataforma Unitaria que apoyó al candidato Edmundo González.

Este nuevo preso político se suma a los 269 entre civiles y militares contabilizados por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.

Por otra parte, después del 28 de julio, tras las protestas y tras una razzia de allanamientos y capturas en la calle, hasta el 15 de agosto se contabilizaban 1.406 detenciones, según los cálculos del Foro Penal, una de las la ONG más activa en la defensa de los Derechos Humanos, y más amenazada.

El gobierno, en su estrategia por desmotivar las protestas, dice que son más de 2.000 los “fascistas y terroristas” presos, y que están siendo recluidos en cárceles de máxima seguridad.

Alfredo Romero, el coordinador de Foro Penal ha dicho a periodistas que los cargos de “terrorismo” e “incitación al odio” han sido los más utilizados por parte del sistema de justicia socialista para imputar a la mayoría de los detenidos tras la elección del 28 de julio.

Hasta el 15 de agosto habían sido liberados 55. Pero entre los presos hay 117 adolescentes y 17 personas con algún tipo de discapacidad, física o cognitiva, según esta ONG.

Este viernes la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (dependencias de la OEA que el chavismo no reconoce), manifestaron su repudio a las “prácticas de violencia institucional en el marco del proceso electoral en Venezuela, incluyendo represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política”.