Villa Mascardi: la fiscal federal de Bariloche pide que se desestime la denuncia del ministerio de Seguridad
La cartera encabezada por Frederic presentó el viernes una denuncia penal contra los vecinos que organizaron una movilización. El motivo de la protesta fue "la violencia imperante en la zona" por la toma de tierras. El juez federal subrogante de la jurisdicción deberá decidir si la acepta.
La fiscal federal de San Carlos de Bariloche, Sylvia Little, le solicitó al juez federal subrogante de esa jurisdicción, Gustavo Zapata, que desestime la denuncia presentada por el titular de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, Jonatan Firún, contra la convocatoria ciudadana de una movilización en apoyo a los vecinos de Villa Mascardi, que se realizó el sábado.
La ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, respaldó la denuncia presentada por el funcionario de su cartera e indicó que "no denunciamos personas ni manifestantes, denunciamos porque tenemos el deber de hacerlo frente a la posible realización de un delito". La funcionaria aseguró que tenían información sobre algunas personas que acudirían armadas a la marcha y tenían la intención de disparar contra miembros de la comunidad que está ocupando tierras.
La consigna de la manifestación fue la violencia imperante en la zona a raíz de la toma de tierras por parte del Lof Lafken Winkul Mapu en un predio de Parques Nacionales, ocurrido en noviembre de 2017.
Firún denunció el viernes que tomó conocimiento por los medios de comnicación, que se organizaría una movilización para el día siguiente, la cual consideró que “podría derivar en un enfrentamiento”, por lo cual podría enmarcarse en los tipos penales de “amenazas (simples, coactivas y agravadas), extorsión, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, intimidación pública, apología del crimen y resistencia a la autoridad”.
La fiscal consideró: “No corresponde iniciar un proceso penal en orden al hecho denunciado, por lo que deben desestimarse estas actuaciones por inexistencia de delito”.
Agregó que sería “peligroso" que en "el Estado Democrático de Derecho las autoridades pretendan cercenar mediante la utilización del Derecho Penal a los ciudadanos que desean manifestarse”.
“Si bien los organismos destinados a la seguridad bien pueden analizar el contenido -por ejemplo- de los medios de comunicación en busca de potenciales conflictos, ello no se traduce en que cualquier expresión vertida por ese medio resulte ilícita, menos aún, cuando a misma reviste la neutral entidad de la noticia antes aludida”, concluyó.