Familiares de detenidos en la cárcel Benjamín Paz, recientemente inaugurada en Tucumán en la localidad de Trancas, dijeron que el nuevo complejo no tiene agua, que no les suministran comida y que carecen de atención médica.

"No les dan de comer, no tienen agua, están deshidratados, todos moreteados. No dejan que los vean los familiares, tienen la ropa rota, y están con la misma ropa desde que los llevaron hace más de una semana. No hay nada en ese lugar", dijeron allegados a los presos.

"Los familiares solamente entramos y salimos unos minutos, y los vimos a través de una tela, bajo los rayos del sol", señalaron.

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"Todo lo que dijeron sobre la cárcel es mentira, no tienen atención médica, no hay nada en ese lugar. En Villa Urquiza las condiciones son deplorables pero por lo menos tienen agua, alguna atención médica, comida para perros, pero al menos los familiares pueden entrar y dejarles mercadería. Ahora están abandonados", expresaron.

El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró el complejo hace dos semanas y agradeció la ayuda económica que le proporcionó el Poder Ejecutivo Nacional. Según el gobierno provincial hay cuatro pabellones construidos dentro de un predio que incluye infraestructura eléctrica, de agua, cloacas y gas.

Además tiene un área central compuesta por un acceso, sectores de control, administración, zoom, sector de visitas, cocina, talleres de producción y áreas de salud con capacidad para albergar en esta primera etapa a 900 reclusos.

El complejo fue inaugurado para descomprimir las comisarías tucumanas, que estaban abarrotadas de presos. Sin embargo, los familiares dicen que las condiciones ahora son peores que antes. "Están en peores condiciones que en las comisarías, que eran un espanto. Que hay muchos golpeados", dijeron los familiares.

Fuentes vinculadas a las organizaciones de derechos humanos de la provincia sostuvieron que la “estrategia operativa” del nuevo complejo penitenciario “es inexistente o bien, si existe, está destinada solamente a descomprimir la situación inherente al alojamiento de personas en sitios que no están destinados para tal fin, tal el caso de los alojados en comisarías u alcaidías de la jurisdicción”.

Indicaron entonces que los internos que están siendo trasladados a las nuevas instalaciones no habrían sido clasificados ni categorizados en función del método de evaluación por nivel de riesgo. Dicha falencia indica que, al no ser el establecimiento construido para el alojamiento de un determinado tipo de internos, serán justamente los presos quienes determinen el funcionamiento de la Unidad. “Esto demuestra una completa falta de planificación en términos de la gestión de la nueva cárcel y esto, a su vez, en un potencial escenario de futuros eventos disruptivos de carácter violento”, resaltaron.