La motosierra libertaria volvió a hacer de las suyas. En un contexto donde la salud sexual parece estar fuera de las prioridades estatales, los números oficiales muestran un panorama preocupante. Según un informe del Centro de Datos de Chequeado, el Gobierno nacional, bajo la gestión de Javier Milei, redujo drásticamente la distribución de insumos esenciales para la salud sexual y reproductiva. Desde preservativos hasta medicamentos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el impacto de los recortes presupuestarios ha sido devastador.

Cabe resaltar que, tal como relató Data Clave, el oficialismo eliminó del proyecto de ley de presupuesto 2025 los fondos destinados a la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). Esta medida, además de frenar la continuidad de un programa aprobado en 2006, es parte de un ajuste que afecta severamente a otros programas de asistencia y protección para mujeres y diversidades. Uno de los recortes más impactantes es el del Patrocinio jurídico a víctimas de abuso sexual, que perdió el 100% de su asignación en 2024 y tampoco tiene fondos previstos para 2025.

Recortes en todas las áreas

Los datos analizados, extraídos de la ejecución de metas físicas del Presupuesto Abierto que publica el Ministerio de Economía, exponen caídas alarmantes. La entrega de preservativos, único método que previene tanto embarazos no deseados como infecciones de transmisión sexual, se redujo de 4,4 millones de unidades en 2023 a 2,4 millones en 2024, una disminución del 45,5%.

El panorama es aún peor con los anticonceptivos de larga duración, fundamentales para adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. Mientras el plan proyectaba distribuir 65.740 implantes subdérmicos este año, solo se entregaron 21.770, lo que representa apenas un 33% de la meta.

Por su parte, los medicamentos para garantizar el acceso a la IVE, como el misoprostol y la mifepristona, simplemente desaparecieron de las estadísticas: no se distribuyó ninguno de los 100.400 tratamientos programados para los primeros nueve meses de 2024.

En paralelo, la Educación Sexual Integral (ESI), que ya había sufrido un recorte del 68,2% en 2024, enfrenta un destino sombrío para el próximo año. El proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el Gobierno elimina por completo su financiamiento. Este ajuste es coherente con la retórica libertaria de Milei, que critica abiertamente las políticas de género y los derechos conquistados durante la última década. Además del Patrocinio Jurídico para Víctimas de Abuso Sexual, el Programa Acompañar, y la Línea 144, que brindaban apoyo a mujeres en situaciones de violencia, tampoco tienen asignación prevista para 2025.

¿Qué dice el Gobierno?

Desde el Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones, justificaron los recortes argumentando que las provincias deben asumir mayores responsabilidades en la provisión de insumos. Según voceros oficiales, “Constitucionalmente, la salud no es una competencia delegada por las provincias en el Estado Nacional. Las jurisdicciones tienen que contar con mecanismos necesarios para cubrir sus demandas sanitarias”.

Sin embargo, la falta de planificación y los envíos insuficientes dejaron a muchas provincias en aprietos. En Santa Fe, por ejemplo, el gobierno local destinó $3.300 millones a compras de emergencia para cubrir las necesidades básicas en salud sexual, una medida que otras provincias no pudieron imitar debido a restricciones presupuestarias.

Especialistas en género y salud advierten que estas políticas afectan principalmente a las poblaciones más vulnerables. Silvina Ramos, investigadora del CEDES, destacó que “la falta de insumos genera barreras para prevenir embarazos no deseados y garantizar la IVE. Esto se traduce en maternidades forzadas que impactan negativamente en el bienestar y el proyecto de vida de las mujeres”.

A su vez, Patricia Sotile, abogada de ELA, subrayó que esta situación viola los principios de igualdad y no discriminación establecidos en leyes nacionales e internacionales. “Cuando el Estado nacional no cumple su rol, las provincias quedan desbordadas, y las mujeres, adolescentes y diversidades que dependen del sistema público quedan desprotegidas”, explicó.

El Ministerio de Salud aseguró que hay procesos de compra en marcha para adquirir anticonceptivos inyectables y orales, implantes subdérmicos y otros métodos hormonales. Pero hasta ahora, los pasos administrativos no han logrado evitar las interrupciones en la cadena de suministro.

Mientras tanto, organizaciones como la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito denuncian crecientes dificultades para acceder a medicamentos como el misoprostol. En Tucumán, personas gestantes reportaron retrasos y, en muchos casos, la imposibilidad de obtener recetas para adquirir los medicamentos por cuenta propia.

La decisión del gobierno de reducir o eliminar programas históricos como la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable y la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, no solo deja un vacío en la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, sino que también marca un retroceso en derechos conquistados.

Mientras el Ejecutivo avanza con recortes, las estadísticas del tercer trimestre de 2024 reflejan un cumplimiento por debajo del 10% en las metas programadas para preservativos y anticonceptivos, dejando a miles de personas sin acceso a servicios esenciales de salud reproductiva.