Escuelas porteñas: el Gobierno de la Ciudad deberá resolver la falta de vacantes
La Cámara de Apelaciones de la Ciudad ordenó al Ejecutivo local garantizar el acceso a la educación pública en diferentes distritos escolares.
En un nuevo revés judicial, la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que el Gobierno porteño deberá adoptar medidas necesarias para garantizar el acceso a la educación en diferentes distritos escolares.
Se trata de una causa iniciada en 2016 por el diputado del Frente de Izquierda Patricio del Corro junto a los docentes Alicia Navarro Palacios y Federico Puy, quienes denunciaron que, desde hace años, miles de alumnos “se ven impedidos de obtener una vacante para acceder a la educación pública, gratuita y de calidad, situación que se traduce en una violación al derecho a la educación y al principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional”.
La falta de vacantes escolares es un problema histórico de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en los barrios de Mataderos, Parque Avellaneda, Villa Lugano, Villa Soldati, Nueva Pompeya, Barracas y Villa Riachuelo.
En la causa, la jueza porteña Elena Liberatori hizo lugar al amparo y ordenó al GCBA que adopte “las medidas necesarias e inmediatas a fin de cesar en su omisión de asegurar y garantizar el acceso a la Educación Primaria y Secundaria” en los distritos escolares 1, 5, 13, 19, 20 y 21.
La sentencia de grado dispuso que el Gobierno porteño informe y publique información sobre las nuevas escuelas construidas por la gestión, como también la cantidad de vacantes que ofrece y el distrito escolar al que pertenece, entre otras cuestiones.
Esta decisión fue apelada por el GCBA, pero la Sala III de la Cámara de Apelaciones, por mayoría, confirmó los puntos centrales. No obstante, los jueces Horacio Corti y Hugo Zuleta revocaron lo resuelto en primera instancia sobre los recorridos y frecuencias del transporte de los barrios vulnerados, como también la instrumentación de una ayuda económica para los padres que acompañan a los menores a los establecimientos.