Los rugbiers acusados de haber asesinado a golpes a Fernando Báez Sosa en enero de 2020 en la ciudad balnearia de Villa Gesell comunicaron en el expediente su decisión de no ser juzgados por un jurado popular y solicitaron la nulidad de la elevación a juicio, informaron hoy fuentes judiciales.

El abogado de los imputados, Hugo Tomei, presentó hoy, en el último día que tenía de plazo, su oposición a la elevación a juicio requerida en su momento por la fiscal de la causa, Verónica Zamboni.

Según las fuentes consultadas por Télam, en su escrito, Tomei le pidió al juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli, la nulidad de la requisitoria fiscal con el argumento de que desde el punto de vista de la defensa no está claro qué hecho le imputa Zamboni a cada uno de sus ocho defendidos.

Además, el abogado le confirmó al magistrado que en caso de ir a juicio, renuncia a la posibilidad de que el debate se haga ante un jurado popular y opta por un tribunal colegiado.

Al cumplirse un año del caso, fuentes de la causa explicaron a esta agencia que la defensa entiende que la divulgación reiterada de los elementos de la instrucción, así como las manifestaciones dirigidas hacia los imputados por partes de los abogados de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando y Fabián Améndola, impediría que los eventuales integrantes de un jurado lleguen a esa instancia sin prejuicios o preconceptos sobre los hechos.

El pedido de elevación a juicio de la causa fue realizado por la fiscal el 17 de noviembre pasado cuando solicitó que sean juzgados los ocho rugbiers que continúan detenidos por el hecho.

Se trata de Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21), quienes cumplen prisión preventiva en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, en La Plata, imputados como coautores del delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas".

Zamboni pidió además el sobreseimiento de Alejo Milanesi (19) y Juan Pedro Guarino (19), quienes se encuentran en libertad, imputados como partícipes necesarios.

Tras este requerimiento, los abogados que representan a los padres de Fernando, Graciela Sosa y Silvino Báez, acordaron con el planteo de la fiscal, aunque rechazaron el sobresemiento de Milanesi, al que consideraron prematuro, y presentaron una acusación particular para que sea sometido a juicio junto a los otros ocho.

Burlando y Améndola consideraron que la eventual responsabilidad de Milanesi en la "coautoría funcional" del crimen debe definirse en un proceso oral.

Por otra parte, los abogados entendieron además que se debe seguir investigando la posible intervención del denominado "sospechoso número 11", identificado en el expediente como Tomás Colazzo.