El Gobierno de Javier Milei no sólo impulsa un generoso blanqueo de capitales. También va por la misma línea para blanquear la tenencia de armas sin declarar en poder de particulares, lo que puede generar una situación peor de la que se busca enmendar.

El proyecto de ley de “Regularización de armas de fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”, presentado por el Poder Ejecutivo Nacional hace tres semanas comenzará a ser tratado en un plenario de comisiones este miércoles 5 de junio. 

La Red Argentina para el Desarme envió una nota a la Cámara de Diputados de la Nación expresando sus observaciones al proyecto de ley, que prevé  un procedimiento de regularización para quienes tengan armas de fuego en forma ilegal, quienes tendrán 360 días (prorrogables por igual plazo) para presentarse ante la ANMaC y solicitar una autorización. Mientras dure el trámite, conservarían el arma de fuego en su poder.

“En paralelo, propone la prórroga por 4 años del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF), una decisión correcta y necesaria, que debiera ser aprobada -en forma urgente e inmediata- en un texto autónomo, ya que es la extensión de un plan ya existente”, dice la Red.

“Desde hace años denunciamos la falta de control del Estado, que se traduce en una enorme cantidad de armas de fuego y usuarios en situación ilegal. Sin embargo, la ‘regularización’, lejos de ser una solución, puede profundizar el problema, si no se realiza como último recurso en el marco de un plan integral de reducción del circulante de armas de fuego y de control efectivo sobre las que permanezcan en circulación”, agrega el comunicado.    

Según los expertos el objetivo del Estado debe ser reducir la cantidad de armas entre particulares, legales o no, porque un consenso acerca de que la circulación de armas deriva en eventuales situaciones de violencia.

“Las armas legales también matan. Las armas de fuego no se usan sólo en contextos de inseguridad. 3 de cada 4 homicidios dolosos producidos en Argentina en 2021 se registraron sin concurrencia de otros delitos. Alrededor del 50% de los homicidios dolosos con armas de fuego son cometidos en conflictos interpersonales: peleas entre vecinos, familiares, o femicidios”, sostiene la Red.

“Menos de 1 de cada 10 de esas muertes son en contextos de defensa. Y más de la mitad de las muertes con armas de fuego no son por una agresión, sino por suicidios, accidentes u otros tipos de intención”. Es decir no se producen en eventuales enfrentamientos con delincuentes.

Además, los países que facilitan el acceso legal a armas de fuego tienen mayores niveles de violencia y delito. En Estados Unidos, la tasa de homicidios por armas de fuego es 18 veces mayor a la de otros países desarrollados. Múltiples estudios muestran que el fácil acceso a armas de fuego contribuye a aumentar las tasas de homicidios. 

En una serie de objeciones al proyecto, hay dos en especial que llaman la atención. Por ejemplo, no se solicita información sobre el origen del arma, “perdiendo la oportunidad de generar información criminal sorbe el mercado ilegal de armas de fuego”. 

Y además en caso de rechazo, el solicitante puede transferir el arma a un usuario autorizado, en vez de establecer la destrucción del arma para sacarle de circulación.