La provincia de Jujuy se unió recientemente a las jurisdicciones que implementan el cobro por atención médica a extranjeros no residentes. Esta medida, impulsada por una ley sancionada en 2019 pero reglamentada recién ahora, coloca a Jujuy junto a Salta, Mendoza y Santa Cruz, que también han adoptado políticas similares. Estas iniciativas buscan compensar los costos del sistema sanitario público, que ha sido utilizado por ciudadanos extranjeros, especialmente de países vecinos.

La normativa jujeña establece que se cobrará a los extranjeros por consultas, cirugías y hospitalizaciones, exceptuando las emergencias que continuarán siendo gratuitas. El gobierno provincial argumenta que la medida garantiza un trato equitativo y sigue un principio de reciprocidad con otros países de la región. De hecho, la ley estuvo congelada durante años debido a un acuerdo de asistencia sanitaria con Bolivia, que impidió su reglamentación.

Salta fue una de las primeras provincias en aplicar este tipo de regulaciones, con un decreto de necesidad y urgencia a inicios de año. La decisión de imponer tarifas para servicios médicos a extranjeros no residentes ha generado un ahorro significativo y ha reducido la demanda de "turismo sanitario", un fenómeno que había crecido en la región. Las autoridades de salud salteñas indicaron que, si bien estas medidas han generado controversia, su objetivo es preservar los recursos locales para la población residente.

Mendoza también implementó un sistema de cobro a través de un decreto, alegando la necesidad de recuperar fondos para sostener su sistema de salud. Los extranjeros categorizados como residentes transitorios o precarios deben cubrir los costos de sus tratamientos, ya sea personalmente o a través de seguros de salud. Según las autoridades provinciales, esta medida ha sido esencial para enfrentar el déficit en el sistema de salud público.

Por su parte, Santa Cruz adoptó esta política desde abril de este año como una respuesta a la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud provincial. Las tarifas varían dependiendo de la duración y el tipo de atención, pero el principio es el mismo: disuadir el uso del sistema sanitario local por extranjeros que no contribuyen económicamente al mismo.

El Ministerio de Salud de la Nación, encabezado por Mario Russo, ha manifestado su apoyo a estas medidas provinciales y está trabajando en la elaboración de un proyecto de ley nacional que regule el cobro de servicios médicos a extranjeros no residentes. Según fuentes del ministerio, esta normativa busca redefinir las competencias de cada nivel del sistema sanitario —nacional, provincial y municipal— y mejorar la eficiencia de la gestión de recursos, que se ha visto afectada por la crisis económica.

Russo ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de una "redefinición de competencias" entre la Nación y las provincias para abordar los problemas estructurales del sistema de salud. "Es necesario un enfoque federal que entienda las prioridades sanitarias de cada región", afirmó el ministro. En una entrevista reciente, Russo sostuvo que “el sistema de salud está quebrado” y que estas reformas son parte de un plan más amplio para "refundarlo".

Neuquén, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba también están evaluando o ya han presentado proyectos de ley para implementar políticas similares. Aunque la discusión sigue abierta, es probable que otras jurisdicciones se sumen a esta tendencia en los próximos meses, a medida que se debatan los detalles del proyecto de ley nacional.

Uno de los puntos más discutidos es el impacto económico que tiene la atención médica gratuita para extranjeros no residentes en un contexto en el que más del 60% de los niños argentinos vive en la pobreza. Según las autoridades, el objetivo de estas medidas no es recaudar fondos, sino garantizar que los recursos del sistema de salud se prioricen para los argentinos. 

Mientras tanto, el debate sobre si esta normativa es discriminatoria sigue vigente. Los defensores de la medida argumentan que no se trata de xenofobia, ya que los extranjeros que residen en el país continúan recibiendo atención gratuita, al igual que los ciudadanos argentinos. Sin embargo, algunos sectores de la oposición y organizaciones internacionales han cuestionado la política, sugiriendo que podría afectar la imagen de la Argentina como un país que garantiza el acceso a la salud como un derecho universal.

En cuanto al marco normativo a nivel nacional, el Ministerio de Salud trabaja en una propuesta que podría estandarizar estas regulaciones en todo el país. Las autoridades esperan que esta iniciativa contribuya a un mejor manejo de los recursos sanitarios y permita que cada provincia tenga claridad sobre cómo implementar estos cobros.