Secretos de la Casa Rosada: "La Argentina está en una crisis sustentable"
La disparada del dólar provoca rumores de cambios en el gabinete económico. Se agotan las reservas netas y en los primeros días de octubre siguió la perdida desciendo los depósitos a unos US$15.700 millones. Mientras el presidente del BCRA está en la primera línea de fuego, el Gobierno evalúa desdoblar el mercado para el dólar ahorro. También suenan recambios en la parte económica y en la danza están Melconian, Redrado, Álvarez Agis y Capitanich. La dirigencia política plantea la necesidad de un “gran acuerdo” para salir de la crisis.
Cuando hay crisis cambiaria los rumores arrecian. Lo único cierto es que en el Gobierno saben que no se puede dejar que el dólar blue acelere porque aumenta la brecha con el oficial y termina generando más inflación, incertidumbre y deterioro económico.
En este sentido, se comenta que durante este fin de semana continuarán las conversaciones entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Una de las medidas que estaría evaluando consiste en desdoblar el mercado abriendo la posibilidad de una flotación libre para quienes busquen dólares para ahorro o gastos en turismo. También, como es habitual, cuando hay crisis cambiaria se pone la mirada en el titular del Banco Central.
Al respecto, se especula que Pesce podría ser reemplazado por Sergio Chodos, una persona que supo ganarse la total confianza de Guzmán. De producirse este cambio, daría una señal de que existe un solo comando para la conducción económica. De hecho, la idea de reforzar la figura de un ministro de Economía fuerte se intentó cuando se anunciaron las últimas medidas, oportunidad en la que Guzmán tuvo la centralidad del acto llevado a cabo en la Casa Rosada.
Aunque en tren de reemplazos, también sonaron los nombres de los economistas Emanuel Álvarez Agis, Carlos Melconian, Martin Redrado y Jorge Capitanich, gobernador del Chaco.
Es que la pérdida de reservas se fue acelerando. El Banco Central se desprendió de entre 500 y 600 millones de dólares en junio y en agosto, pero esta cifra se duplicó en agosto llegando a un drenaje de 1.279 millones de dólares. En septiembre subió un nuevo escalón a 1.618 millones de dólares – y en los primeros días de octubre vendió 300 millones de dólares más.
De esta forma, las reservas netas, es decir las que efectivamente tiene la autoridad monetaria para intervenir en el mercado, llegaron a fines del mes pasado a tan sólo 5.527 millones de dólares según el economista Martín Polo, de Empiria Consultores, y a 6.386 millones de acuerdo con su colega Lorenzo Sigaut Gravina de Ecolatina.
Existen matices en la forma de realizar el cálculo, pero estiman que las reservas líquidas – es decir las que quedan después de descontar el oro y los DEG – habrían llegado al terminar el mes pasado tan sólo 168 millones de acuerdo a Polo y a 296 millones para Sigaut Gravina, es decir, en ambos casos, casi nada.
Salida de depósitos
A esta situación se suma la tendencia que se observa en los retiros de depósitos en dólares. Durante septiembre se fueron unos U$S1.000 millones, al pasar de 17.165 millones a fines de agosto a 16.148 millones sobre el cierre del mes pasado. En los primeros días de octubre siguió la perdida desciendo los depósitos a unos 15.700 millones.
“Gracias a la pandemia el retiro se lleva a cabo en cuentagotas”, comentan en el sector financiero en referencia a que hoy se deben solicitar turnos para ir a los bancos. “Es que cuando la gente ve que se dispara el precio del dólar, temen por sus depósitos” comentan en la City, aunque no existan motivos reales ya que – aseguran - hoy los bancos se encuentran líquidos.
No deja de resultar llamativo que el Gobierno haya consentido por tanto tiempo la caída en las reservas. Cualquier analista de la historia económica argentina sabe que la pérdida sostenida de reservas en el Banco Central termina en descontrol cambiario y, por lo tanto, inflacionario. Las desinteligencias entre el titular del BCRA y el ministro de Economía, Martín Guzmán explican en parte esta situación.
Tras la ineficacia del cepo establecido a mediados de septiembre, las últimas medidas intentaron seducir – sin mayores resultados – el ingreso de divisas.
En medios de la cadena agroindustrial se considera que el campo tendría retenidas entre 7 y 10 millones de toneladas de soja. “Porque tendrían interés en desprenderse del grano, cuando están líquidos y el precio internacional está subiendo”, comentan especialistas del sector. Hace unos meses la soja cotizaba algo por encima de los U$S300 por tonelada y ahora se acerca a los U$S 400.
La liquidación de agro dólares en septiembre fue de U$S 81 millones diarios, inclusive por encima de los U$S 76 millones que fue el promedio para los meses de septiembre del periodo 2005/2019, según la Cámara de la Industria Aceitera.
Suba de precios
El margen de maniobra del Gobierno es muy limitado. La decisión de mantener (o incluso acelerar) el ritmo de la devaluación del tipo de cambio oficial resulta complicada por el impacto directo que el dólar tiene sobre los precios de los alimentos, en momentos en que la pobreza alcanza a 47%.
Peor aún, la expectativa de los economistas es que la inflación se acelere en lo inmediato, a un rango de 3% mensual, lo que llevaría – según el esquema oficial – no sólo a acelerar la tasa de devaluación, sino también a subir la tasa de interés, afectando aún más el nivel de actividad. En lo inmediato, algunos economistas señalaron como un error del BCRA, la decisión de aumentar el ajuste del tipo de cambio sin antes haber subido de manera significativa la tasa de interés.
Pero los analistas del mercado también señalan que no es solo una cuestión técnica, sino que las tensiones en el mercado de cambios tienen un trasfondo político por la falta de confianza.
La incertidumbre se manifiesta tanto en el contado con liquidación como en el blue. El viernes, el dólar paralelo llegó a 164 pesos, por encima de los 130 pesos a que cotizaba, a precios de hoy, en la crisis de 2002.
Como no hay confianza en que el valor del dólar se estabilice, los exportadores tratan de no liquidar, los importadores se apuran a pagar, las empresas tienden a dolarizar sus excedentes y los particulares buscan al billete verde como refugio.
El problema que se observa en diversos sectores de las dirigencias es que “en el Gobierno no hay suficiente conciencia de la gravedad de la crisis”. Escuchan de numerosos funcionarios responder ante las críticas, que “hace tiempo que se vaticina un desastre que no ocurre” y que la economía tenderá a recuperarse.
Sin embargo, los datos de actividad dados a conocer esta semana por el INDEC contradicen el pronóstico: la actividad industrial y la construcción tuvieron en agosto una caída, desestacionalizada y con relación al mes anterior, de 0,9 y 1%, en ese orden.
Problemas de gestión
A ello se suman lo que directivos de las empresas consideran falencias en la gestión. Un botón de muestra, se resolvió que el personal “obeso” estaba exceptuado de concurrir a trabajar por tratarse de población de riesgo, pero no se estableció un criterio, de donde se daban casos de industrias en los que la mitad de los operarios podían llegar a considerarse en esta condición.
Ante el reclamo al ministro de la Producción, Matías Kulfas solicitando precisiones, los empresarios dicen que el funcionario admitió el error, argumentó que no fue su decisión y que intentaría modificarlo.
El resultado fue que los empresarios se enteraron de la nueva medida una vez publicada en el Boletín Oficial. El gobierno tardíamente definió que se encuentra encuadrado el obeso grado 2 (riesgo moderado), una categoría limitativa según los empresarios. Cabe señalar que una cuarta parte de los argentinos tienen sobrepeso, según datos oficiales.
Así, se dan actividades, como en la industria alimenticia, en donde hay empresas que hoy no pueden contar con cerca de un tercio de su personal por las distintas restricciones a la movilidad.
En este sector esencial se suman varios problemas, una multinacional alimenticia comentaba que los costos se han incrementado un 3% sólo por los mayores gastos que supone la adecuación y los protocolos por el Covid, en momentos en que la política de precios máximos les impide el traslado a precios.
Más grave aún, en ciertas empresas consideran que sería necesario incorporar más personal para atender la demanda, pero los empresarios son renuentes a incorporar nuevos empleados por los problemas que puede generar la contratación en función de la legislación laboral argentina (cabe recordar que sigue vigente la cláusula de doble indemnización por despido).
Impuesto a la Riqueza
En este contexto, el avance de la iniciativa oficial de establecer un Impuesto a las Riqueza ha creado más incertidumbre e irritación entre los grandes empresarios.
Distintos empresarios mantuvieron más de una reunión y por separado, con el presidente Alberto Fernández, el ministro del Interior, Wado de Pedro, el ministro de economía, Martín Guzmán y el jefe de la bancada, Máximo Kirchner, entre otros, para explicarles lo que consideran un tributo injusto, que afecta sólo a los capitales locales, que desalentará a la inversión y que, según especialistas en impuestos, es inconstitucional.
Lo desconcertante para estos empresarios es que, según comentan, los funcionarios se muestran receptivos a los planteos del sector privado, pero después no operan en consecuencia.
El resultado es que si bien a la mayoría de los dueños de empresa no le gusta litigar, “muchos de mis clientes en esta oportunidad van a ir a juicio”, comentaba a Data Clave un asesor de grandes compañías.
“Me cuesta criticarlos porque no sé para qué lado van”, señalaba con sarcasmo un empresario marcando las ideas y vueltas en la posición del Gobierno con relación a distintos temas, como el informe sobre los derechos humanos en Venezuela.
En estamentos del sector empresario, sindical y político tiende a crecer la idea en cuanto a que la profundidad de la crisis es tal que no habrá salida si no se recrea la confianza y, en tal sentido, consideran necesarios un acuerdo amplio de gobierno.
Esta semana lo expresó con claridad el diputado Jorge Sarghini, de Consenso Federal: “El gobierno tiene que dar un fuerte golpe de timón en todos sentido, pero tiene que empezar por generar los consensos políticos necesarios para sostener las cosas que hay que hay que hacer en Argentina”.
Les preocupa el resurgir del “que se vayan todos”, rememorando el repudio social a la clase dirigente que se vivió a comienzos del milenio, con un agravante: en la crisis del 2001/2002 existía un entendimiento entre el peronismo y una parte del radicalismo para hacerse cargo de la situación.
Hoy no se presenta esta circunstancia y observan con preocupación el creciente protagonismo de los movimientos sociales y, en paralelo, la falta de presencia de la Iglesia (contrariamente a lo que sucedió en la anterior crisis).
“Lo único sustentable en la Argentina es la crisis” señala con ironía el dueño de una importante empresa utilizando uno de los adjetivos preferidos de Guzmán. Curiosamente mientras el titular del Palacio de Hacienda tiende a ganar protagonismo en el seno del gabinete, por el contrario, su imagen se desdibuja en el sector privado y para calificar su falta de experiencia, algunos se refieren a él como un “asistente de catedra” por su trabajo en la Universidad de Columbia.
Para salir de esta situación algunos empresarios traen a cuento el modelo de gobierno de Dinamarca, un país donde los ministerios se reparten entre los distintos partidos políticos y no sólo con representantes del ganador de las elecciones.
En este esquema consideran necesario dejar de lado los extremos de la grieta y – comentan en voz baja – encontrar una solución para los problemas judiciales que involucran a los dos presidentes anteriores, es decir Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Marcri.