El Banco Patagonia fue multado en $4.000.000 por realizar cobros indebidos a beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y otros programas de la seguridad social informó hoy la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC). La sanción fue determinada luego de comprobar que la entidad financiera había debitado, en forma unilateral, discrecional y arbitraria, sumas de dinero de las cajas de ahorro de sus clientes, bajo el concepto de “Fondos de Reserva Alimentaria”. 

“Esta conducta sistemática se produjo, en la mayoría de los casos, en cuentas bancarias que tenían depositadas transferencias del Estado Nacional, como el IFE y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)”, advirtió la SSADC. 

Esta acción por parte del Banco Patagonia representa infracciones a los artículos 4 y 19 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor “ya que las y los usuarios no fueron informados debidamente de estas sustracciones y no se respetaron las condiciones de contratación del servicio convenidas en primera instancia”.  La entidad financiera fue notificada de la imputación el 6 de julio pasado, y a partir de entonces se inició el proceso sancionatorio a partir del cual pudo realizar su descargo frente a las autoridades. Data Clave intentó comunicarse con representantes del banco Patagonia, pero no consiguió respuesta.

Según la SSADC, sus acción se enmarca “en la política de protección específica de las y los consumidores hipervulnerables, ya que el hecho de que las cuentas afectadas fueran depositarias del IFE, evidencia que los denunciantes se encontraban en situaciones de vulnerabilidad por circunstancias sociales y económicas, en el contexto de una pandemia mundial de público conocimiento”.

Durante el año pasado, la SSADC recibió, en contexto de pandemia y medidas de aislamiento y distanciamiento social, alrededor de 235.000 reclamos, más del doble del 2019.  Los servicios financieros y de seguros fueron el segundo rubro más denunciado durante el año pasado, detrás de las empresas de telecomunicaciones, seguidos por los reclamos por electrodomésticos y artefactos para el hogar.