La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) desmanteló en un megaoperativo conjunto con la Procuración General de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad bonaerense una granja de criptomonedas clandestina que operaba con cables robados en el partido de Quilmes. 

El procedimiento consistió en 70 allanamientos, donde se detuvieron a 40 personas, en el marco de una iniciativa masiva contra ciberestafas que generaron un perjuicio económico de $50 millones, US$ 2 millones y donde se investiga el hurto de energía eléctrica. Desde el comienzo de la gestión de Carlos Castagneto, el organismo comenzó a llevar adelante tareas de fiscalización y control sobre el sector de los activos digitales.

Los cruces de información de las áreas especializadas de la AFIP permitieron detectar a partir de consumos elevados de energía eléctrica granjas de criptomonedas no declaradas en distintos puntos del país. En esas verificaciones presenciales, los agentes constatan la existencia de la documentación de importación correspondiente de los equipos y la correcta registración tanto de la actividad de minería como así también los ingresos percibidos.

En ese marco, los inspectores de la DGI y la DGA colaboraron con el poder judicial bonaerense, que dictó procedimientos en tres domicilios de Quilmes por presunto robo de electricidad para enmascarar su uso intensivo en minería de criptoactivos.

En el operativo, se localizó un galpón material presuntamente utilizado para el minado de criptomonedas, con la disposición de “granja”, con una gran cantidad de placas de video junto a los bastidores y fuentes requeridos para su conexión. Al mismo tiempo, se encontraron cables y diferentes tipos de conectores que presuntamente serían utilizados para reducir los altos costos operativos de la actividad mediante el robo de electricidad.

Las medidas judiciales apuntaban a secuestrar precintos y dispositivos de cualquier tipo para adulterar los medidores de energía eléctrica, documentación en soporte papel e informático que pueda acreditar las maniobras investigadas, celulares y dispositivos electrónicos.

El Primer Megaoperativo de Ciberestafas 2022 fue encabezado por el Departamento de Ciberdelitos de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General bonaerense, junto a la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial de la Policía de Buenos Aires. El origen fueron hechos ilícitos denunciados y cometidos en distintos partidos del conurbano e interior de la provincia de Buenos Aires, en los años 2021 y 2022.

Como resultado de estos procedimientos simultáneos, además de estas significativas cifras de dinero en efectivo, se secuestraron computadoras y notebooks; más de un centenar de teléfonos celulares, tarjetas de memoria, pendrives, impresoras, plastificadoras, lectores de tarjeta, disqueteras, guillotinas, DNI falsos, más de un centenar de tarjetas SIM (chips para celulares), tarjetas de crédito y débito, posnet, cajas fuertes, automóviles y armas de fuego.