La inflación no da tregua y el Ministerio de Economía avanza en acuerdos de precios con empresas de consumo masivo para congelar precios durante los próximos cuatro meses. Pero también instruye a la Secretaría de Comercio a endurecer los controles de precios y las investigaciones por prácticas anticompetitivas, luego de elevar multas hasta los $214 millones.

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, instruyó a través de una resolución publicada esté martes en el Boletín Oficial a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a “adoptar las medidas que resulten pertinentes para iniciar investigaciones por presuntas prácticas anticompetitivas en los términos de la Ley N° 27.442 a aquellas empresas vinculadas con la producción y comercialización de productos de consumo masivo que hubieran aumentado precios durante el año 2022 como resultado de un abuso de su posición dominante en el mercado”.

En este marco, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tendrá que remitir a la Secretaría de Comercio “un informe detallado respecto a los avances de las investigaciones” en el plazo de 30 días “contado desde el dictado de la presente medida”. La dependencia señaló que según un informe elaborado por la Subsecretaría de Políticas Para el Mercado Interno “hay empresas vinculadas con la producción y comercialización de productos de consumo masivo que en el transcurso del presente año han aumentado precios por encima de la inflación general y de otras variables que afectan a los costos de producción”.

“Las empresas que comercializan dichos productos podrían llegar a tener posición dominante en los mercados involucrados, y la fijación de precios de manera abusiva podría llegar a configurar una conducta anticompetitiva susceptible de sanción por parte de la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.442″, advirtió el Gobierno.

En ese sentido, el Gobierno apura los acuerdos de precios con las principales empresas de consumo masivo para mantener sin variación el valor de más de 2.000 productos entre diciembre y marzo.  La estrategia incluye controles por parte de los ciudadanos, en donde el 86% de los ítems permanecerá sin movimientos y el resto tendrá un esquema prefijado de incrementos.

En ese sentido, el ministro de Economía, Sergio Massa, detalló: "Mi idea es que el ciudadano tenga una app que lea código de barras y muestre el precio que corresponde a cada producto. Si el comercio no cumple, se podrá denunciar y las multas son de $240 millones por incumplimiento. Se bajará desde Mi Argentina, lo estamos finalizando".

Para el equipo económico, la mejor estrategia para acordar con las empresas es el sistema de “premios y castigos”. A quienes acuerden se les darán certezas respecto al acceso a dólares para importar e incentivos fiscales. Del otro lado, la idea es que Comercio interior aplique las multas correspondientes, que aumentaron 4.200%, en caso de incumplimientos o abusos de posición dominante. En este último sentido va la resolución que se conoció esta mañana.

A pesar de la considerable baja que mostró el IPC de septiembre, desde el 7% de agosto al 6,2%, los niveles siguen siendo preocupantes para los bolsillos y los funcionarios del área económica. Para octubre las estimaciones privadas anticipan una aceleración, para llegar a entre 6,5% y 6,8%, lo que cortaría una racha de dos mermas consecutivas.