El Gobierno aceptó la renuncia del presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz y la vicepresidenta, Mariana Quevedo, organismo encargado de prevenir e impedir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y los delitos económico-financieros. 

La decisión se conoció a través de dos decretos publicados este viernes en el Boletín Oficial. La salida de las autoridades del organismo se dio poco después de que miembros del área de Litigios Penales hayan denunciado a Cruz por supuestos “hostigamientos” y “amenazas”.

El Decreto 752/2021, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aclara que la renuncia del titular de la UIF se hará efectiva “a partir de la designación de la persona que lo reemplace en el citado cargo”. 

En los considerandos se consigna que “los estándares internacionales y de las normas que regulan el accionar y la competencia” de la UIF “tornan ineludible evitar la acefalía” del organismo. En tanto, el pedido de dimisión de Cruz tenía fecha 15 de octubre de 2021, aunque en el Decreto no se mencionó los motivos de aceptar la renuncia.

El funcionario había sido denunciado ante la Jefatura de Gabinete por supuesto “hostigamiento” y “amenazas” contra varios miembros del área de Litigios Penales. Las acusaciones se dieron luego de un “error” procesal que permitió el sobreseimiento del CEO de Techint, Paolo Rocca, y de otros dos directivos de la empresa en la causa Cuadernos.

El abogado que representaba a la UIF en esa causa, Fernando Diez, fue quien acusó a Cruz de dichos comportamientos ante quienes trabajaban en Litigios Penales. Luego de un tiempo, Diez fue despedido y hay otros dos abogados sumariados por el escándalo.

Vale recordar que el 10 de agosto el juez Julián Ercolini, a cargo de un pequeño tramo de la causa Cuadernos, dictó los sobreseimientos de Rocca, de Luis Betnaza, y Héctor Zabaleta. Los dos últimos habían declarado que desde el Ministerio de Planificación Federal les habían pedido dinero para que el Gobierno argentino intercediera ante Hugo Chávez por la delicada situación del personal de las empresas que el grupo tenía en Venezuela.

Pese a confirmar que los pagos se hicieron, el fallo planteó que el caso de Techint era diferente al del resto de los empresarios porque el dinero que se entregó tenía que ver con “ayuda humanitaria” para una de sus empresas en Venezuela. El fallo en cuestión tenía un plazo para ser apelado. Pero ni la Fiscalía ni la UIF se presentaron. 

Además de Cruz, también presentó su renuncia la vicepresidenta del organismo, Mariana Noemi Quevedo, la cual fue aceptada sin demoras por Alberto Fernández y el ministro Kulfas, a través del Decreto 751/2021, también publicado este viernes en el Boletín Oficial.

No obstante, antes de irse del cargo, Cruz decidió iniciar un sumario contra los tres abogados que intervenían como patrocinantes en la causa Cuadernos. En ese contexto, Vivona fue convocada por una secretaria para dar una explicación. En cambio, Fernando Diez se enteró de la investigación interna por rumores internos y no pudo hacer un descargo formal.

La denuncia contra el titular de la UIF, que es identificada como EX-2021-89663398, lleva el relato de Diez sobre los hechos. “Las constantes acusaciones hacia el personal de la Dirección, las amenazas respecto a despidos, los despidos concretados, el abandono de la dirección y la responsabilización al personal por las consecuencias de esa desidia, las órdenes y contraordenes verbales, el aislamiento de las responsabilidades de los superiores en perjuicio de los subalternos, entre otras situaciones, han sido moneda corriente”, declaró el abogado.