Parece que pasaron “décadas”, pero apenas fue el 28 de junio -15 días - cuando el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, lograba refinanciar 248.000 millones de pesos que vencían al día siguiente.

En julio, el Estado debió afrontar vencimientos por $ 600.000 millones, y lo hizo colocando una porción cada vez mayor de bonos atados a la inflación, a más corto plazo, ninguno supera este año, y con el Banco Central comprando títulos para que no cayeran los precios de los títulos.

Ahora Guzmán no está, pero quedó el presidente del BCRA, Miguel Pesce, quien el viernes salió a tranquilizar la plaza financiera, donde la tasa de Riesgo País se colocó en 2.648 puntos, valor que no registraba desde el canje de bonos con privados de agosto/septiembre del 2020.

"No tengo miedo a una hiperinflación porque no están dadas las condiciones para ese proceso. Tenemos un tipo de cambio competitivo y no hay ninguna razón para que el tipo de cambio acompañe a los tipos de cambio paralelos. Estamos con un nivel de exportaciones muy importante", sostuvo el titular de la entidad monetaria en declaraciones al canal de noticias TN.

En medio de este panorama, y con un dólar a $ 300 en el Contado Con Liquidación (CCL) el que pagan las empresas, es que la ministra de Economía, Silvina Batakis presentará la oferta para refinanciar  parte de los $ 500.000 millones que vencen este mes. Allí se verá qué tipos de bonos ofrece, a que tasas y plazos de los títulos que se ofrecen en la licitación del miércoles.

Batakis logró reunir el viernes a su gabinete económico y colocó a Eduardo Setti en la estratégica Secretaría de Finanzas. El economista posee una amplia experiencia en el mercado de capitales desempeñándose como director de Inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Además, la ministra se reunió este sábado con su equipo de colaboradores para terminar de delinear estrategias en el corto plazo de Argentina.

La semana pasada, tanto el IERAL como Moody’s advirtieron sobre dificultades para refinanciar deuda en pesos. Son más de 2,2 billones de pesos que vencen entre julio y septiembre inclusive. En este manejo, el Estado le quita financiamiento al sector privado.