Si es verdad lo que dicen que de los laberintos se sale por arriba, la Argentina busca aferrarse a la soga del financiamiento chino para resolver la intrincada negociación con los técnicos del FMI que le permita al país poder pagar la deuda de más de 44.000 millones de dólares que le dejó como herencia la administración de Mauricio Macri.

Si bien el  salvataje chino aún es un rumor que gira en la city porteña, las señales que el gobierno de Alberto Fernández le da a los mercados parecen ir en esa dirección. Muchos recuerdan cuando el 6 de agosto de 2020 la Cancillería -en esa época conducida por Felipe Solá- informó que la Argentina y la República Popular de China habían renovado el acuerdo de swap de monedas por un monto total de 130.000 millones de yuanes (equivalentes a u$s 18.500 millones).

La herramienta no es nueva: el primer acuerdo de este tipo fue firmado en 2009 durante la presidencia de Martín Redrado en el BCRA por unos u$s 10.200 millones. Desde ese momento, todos los gobiernos posteriores mantuvieron el acuerdo

Un “swap”  es una operación financiera en que Argentina y China se comprometen a habilitar eventualmente el cambio de divisas, sin el dólar. El Banco Central de China pone los yuanes, en un intercambio de monedas donde los yuanes se pueden convertir en dólares en los mercados internacionales, o directamente utilizarlos para el intercambio bilateral o tenerlos como parte de las reservas.

En el tercer trimestre de 2014, durante la gestión de Axel Kicillof en Economía y de Juan Carlos Fábrega en el BCRA, se hizo otro swap por u$s3.800 millones. El tercero lo ejecutó Guido Sandleris bajo el Gobierno de Mauricio Macri durante 2018, en el contexto de la cumbre del G-20 y la visita del presidente chino Xi Jinping a Buenos Aires. Eso sí, si el dinero se usa, se paga tasa de interés Shibor (Shanghai Interbank Offered Rate) que cuesta cerca de 2,70% al año y 4,65% a 5 años. El plazo mínimo del swap es por tres años.

Mientras tanto, Santiago Cafiero , el canciller argentinos concretó en Washington su gira para conseguir el apoyo de Estados Unidos en la negociación con el FMI, que exige que el año próximo el déficit fiscal primario se reduzca al 1% del PBI y en 2024 se llegue al equilibrio fiscal. Algo que es inviable para el gobierno de Alberto Fernández, pero que por otro lado consideran exagerado: en los últimos 4 países que llegaron a acuerdos con el FMI (Jordania, Gabón, Costa de Marfil y Camerún) la reducción del rojo fiscal acordada con el FMI fue en promedio del 0,8% del PBI por año. Camerún incluso acordó una reducción de 0,5% por año para un déficit total de 2,7%.

El enojo de Martin Guzmán es grande, afirman en el Palacio de Hacienda, no solo porque se le pide llegar en 2024 al equilibrio fiscal (Guzmán quiere recién hacerlo en  2027) sino porque lo que quiere el Fondo desembocará en una nueva recesión, que vuelva aún más complicado equilibrar las cuentas.

Sobre todo porque el crédito que pidió Macri está más que flojo de papeles y en donde el propio Fondo reconoció que el tamaño de la deuda fue un error en el que el gobierno argentino y el organismo comparten responsabilidades, algo que reconoce incluso la auditoría interna del FMI. Error grave que la Argentina, incluso con la ayuda de China, parece que no piensa dejar pasar.