Desde el viernes pasado se percibía cierto alivio en el Gobierno por haber llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el marco de la incertidumbre y el peligro que generaba la posibilidad de un “atraso” con el organismo. La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista fue un cimbronazo en esa perspectiva que, de momento, vuelve a poner la incertidumbre en el centro de la escena.

El cambio deviene en cómo se reorganizará la tropa con la decisión del hasta el lunes por la tarde titular del Frente de Todos en la Cámara Baja. El principio de entendimiento técnico con el organismo deberá ser aprobado por su directorio (los países y, en particular, Estados Unidos), algo que se descuenta, y por el Congreso.

Allí hay dos puntos a tener en cuenta, uno político y el otro legal. El primero es que parecía haber cierto consenso en la oposición de acompañar el financiamiento, aunque pidieron ver la letra chica. El segundo es que por una ley que promovió el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, todo endeudamiento en moneda extranjera debe pasar por el Parlamento.

Los tiempos son tiranos para las necesidades financieras de Argentina. La sanción en ambas Cámaras deberá llegar antes del próximo 21-22 de marzo cuando vencen poco más de US$ 2.800 millones entre capital e intereses. El Fondo se comprometió a desembolsar los pagos que realizó Argentina hasta el momento por el fallido crédito Stand By, alrededor de US$ 5.000 millones, más cuotas trimestrales.

Luego del pago por más de US$ 1.100 millones entre el vencimiento de capital del viernes (US$ 730 millones) y el de intereses de ayer (US$ 366 millones), la reservas netas del Banco Central apenas superan los US$ 1.500 millones, según las estimaciones que realizan diferentes consultoras.

Esa fue la clave que aceleró la llegada a un entendimiento con el Fondo. Un escenario de “atrasos” con el organismo multilateral habría desencadenado una crisis financiera sumamente negativa en un contexto de 40% de pobreza, inflación arriba del 50% y salarios diluidos por las subas de precios.

¿Por qué al Congreso?

A principios de marzo del año pasado el Gobierno nacional promulgó la ley 27.612, de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. Entre otros ítems, la norma estableció que cualquier endeudamiento en moneda extranjera bajo legislación extranjera, y con prórroga de jurisdicción, requiere autorización del Congreso de la Nación.

Para el Frente de Todos el impulso de esa ley fue una diferenciación respecto al acuerdo que había firmado la gestión de Mauricio Macri: US$ 45.000 millones desembolsados entre 2018 y 2019 sin la aprobación de los diputados y senadores nacionales.

"Esta ley cuida a nuestra Argentina. Desde hoy, todo acuerdo con el FMI o endeudamiento externo con títulos públicos deberá ser aprobado por el Congreso y debatido de frente a la sociedad. Evitar la crisis de deuda que condicionan el futuro de nuestra gente es política de Estado ", había sostenido el ministro de Economía, tras la aprobación de la norma.

¿Qué se va a votar?

Luego de la derrota en las legislativas, el presidente Alberto Fernández anunció que en los primeros días de diciembre se enviaría al Congreso un “Plan Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable” con los principales entendimientos alcanzados por el FMI. Finalmente, las negociaciones se extendieron hasta el viernes pasado en el que se llegó a un principio de acuerdo técnico.

Ese proyecto, más allá del nombre, no es más que el acuerdo con el organismo. El mismo deberá incluir las metas para los próximos tres años y está compuesto por tres documentos esenciales. Así lo explicó el ministro Guzmán en su exposición ante gobernadores el pasado 5 de enero.

El primer documento es la Carta de Intención que enviarán las autoridades argentinas al FMI señalando las condiciones económicas imperantes en el país y el requerimiento de fondos para cancelar los vencimientos de 2022, 2023 y 2024. También se detallan allí las políticas a llevar adelante y una cláusula de consulta, es decir, un compromiso a consultar con el FMI antes de adoptar determinadas políticas.

El segundo documento es el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras, que contiene las metas y objetivos del programa. También se explicitarán los Criterios de Evaluación que utilizará el Fondo y los Puntos de Referencia Estructurales.

Por último, y una vez que el directorio del organismo apruebe los lineamientos para un acuerdo de facilidades extendidas, se firmará un Memorándum Técnico de Entendimiento entre Argentina y el FMI.

En ese documento estarán los llamados “criterios de desempeño” que son tres: el sendero fiscal, el de acumulación de reservas y de financiamiento monetario. Estas tres variables fueron las que anunció el pasado viernes Martín Guzmán. 

Implicancias de un retraso en la aprobación

Es importante resaltar que no puede haber una modificación de los términos acordados con el FMI en el Congreso. Algo así significaría tener que negociar nuevamente con el organismo en un contexto en el que se necesita una “salida rápida”.

Así lo entendió la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. “Hay una confusión respecto a qué se vota. Cuando decimos ‘queremos ver la letra chica’ no estamos diciendo que eso condiciona el voto en el Congreso, porque el Congreso no vota eso. El Congreso vota el financiamiento”, indicó. 

La pregunta ahora es si la decisión de Máximo Kirchner puede arrastrar a algunos legisladores que también mantienen una posición muy crítica con el acuerdo y complicar la votación para el oficialismo. Algunos legisladores reclaman cambios en el acuerdo con el FMI antes de la llegada al Parlamento. 

Por su parte, el flamante nuevo presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, se mostró a favor del acuerdo anunciado por Guzmán y dijo que defenderá la unidad del oficialismo.

Lo cierto es que las consecuencias de no tener aprobado en el Parlamento un acuerdo antes del pago de US$ 2.800 millones implicará mucho más que un atraso. Además de ese vencimiento, hay pendiente una renegociación con el Club de París por US$ 2.000 millones que dependen del entendimiento con el FMI y vencen a finales del tercer mes del año.

También peligran créditos del BID y del Banco Mundial para infraestructura. Otro ejemplo lo dio en una entrevista el domingo el Presidente. “Teníamos un contrato de inversión (con la Banca Europea de Inversión) en puerta, para firmar el viernes pasado. Me adelantaron que solo se haría si mediaba un arreglo con el FMI”, detalló.

Alberto Fernández comenzó anoche su viaje a Rusia y luego a China, donde se entrevistará con sus pares Vladimir Putin y Xi Jinping. Allí también va en busca de inversiones que considera muy necesarias para nuestro país. 

Todo está supeditado al Fondo, en palabras del mandatario: “China y Rusia no son excepciones, se equivocan los que creen que podemos arreglar con ellos a espaldas del resto del mundo. No entregan nada si no se está en regla con los organismos internacionales de crédito”.