Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular y director del Banco Nación sostuvo que "lamentablemente la decisión tomada por el gobierno nacional y que exige la ratificación del Parlamento Argentino, implica legitimar el crédito tomado por el macrismo pese al hecho objetivo de que el mismo ha violado todos los procedimientos administrativos, jurídicos y constitucionales existentes para endeudar al Estado". 

En el primer pronunciamiento público de un funcionario del Frente de Todos en contra del acuerdo con el FMI, Lozano expresó que "el gobierno nacional ha desistido de denunciar ante los Foros Políticos y judiciales a nivel mundial las múltiples irregularidades en que incurrió el FMI. En suma, con todos los argumentos a favor el Gobierno desistió de promover la nulidad del crédito Macri- FMI, tanto a nivel local como internacional. Jamás produce buenos resultados validar la impunidad".

En un texto enviado a Data Clave, el economista afirmó que "mientras esperábamos un acuerdo de facilidades extendidas a diez años, el gobierno sorprende con un stand by recontracondicionado y controlado, seguido luego por facilidades extendidas sin que quede  claro desde cuando se cuentan los años de gracia. Si es desde el primer desembolso, o al final del stand by".

Primer funcionario del Frente de Todos que cuestiona el acuerdo: "limita la soberanía y desacelera el crecimiento"

Más adelante agregó: "la negociación termina siendo apenas un default diferido y no una solución al endeudamiento. En pocos años más, Argentina deberá volver a reestructurar su deuda. Hemos logrado un default diferido y no una solución al endeudamiento".

A la hora de las explicaciones, el presidente del partido Unidad Popular resaltó: "hay que precisar que al tratarse de un stand by y no de un facilidades extendidas, lo que surge es que no hay condicionalidades estructurales (reforma laboral, previsional y fiscal, esto es lo que reivindica el gobierno) pero sí hay una monumental cesión de soberanía y metas sumamente precisas para la coyuntura inmediata 2021-2024".

En este sentido "el acuerdo compromete un ajuste fiscal para los últimos dos años del mandato de Alberto Fernández de 8920 millones de dólares (al tipo de cambio del presupuesto 2022) y de 4200 millones de dólares respecto al presupuesto que el propio Guzmán presentara en el Parlamento y que no fuera aprobado. Se trata de un ajuste fiscal de 1,7% PBI  en dos años y de 1,1% en el 2022. Cabe consignar que lo trasmitido respecto a que se mantendrá el nivel de gasto y que se expandirá el gasto de capital, solo es factible reduciendo el gasto corriente".

"Justamente el que ya se ajustó en el 2021. Salarios, Jubilaciones, prestaciones sociales. Son estas partidas o bien la reducción de subsidios con impacto potencial en   la evolución de las tarifas. Corresponde agregar que hasta hace pocas semanas el Ministro Guzmán sostenía que la discusión con el FMi era que mientras el organismo quería deficit 0  en el 2024, Argentina para no ahogar la recuperación económica, proponía esa meta para el 2027. Lo que se acordó (déficit 0 en 2025) parece acercarse más a la posición del FMI.  El ajuste sobre la emisión monetaria es mayor aún. Se pasa del 3,7 % del PBI en  el 2021 al 1 % en el 2022", añadió.

"La expectativa es avanzar a tasas de interés reales positivas, lo cual además de resultar muy complejo dada la situación inflacionaria, tiende a alimentar el comportamiento especulativo del mercado de capitales en pesos y a desalentar la política de crédito para el desarrollo productivo. También se asume que la brecha entre el dólar oficial y los mercados paralelos deben descender al 30 %, lo cual supone inducir la devaluación del dólar oficial en toda aquella proporción que no sea resuelta por la mejora en las expectativas que genere el acuerdo", definió Lozano

Por último, "la política de salarios y jubilaciones quedan subordinadas a las metas fiscales establecidas. Más allá de lo preciso de las metas establecidas, el acuerdo supone la cesión de soberanía expresada en la instalación de una misión permanente del FMI en el país a la cual habría que consultar las políticas, y el desarrollo de 10 revisiones trimestrales de carácter vinculante".

En suma, finalizó el funcionario, "estamos asumiendo un acuerdo que limita nuestra soberanía en el manejo de la coyuntura y que compromete la política fiscal y monetaria y que al limitar la mejora en los ingresos y aumentar las tasas de interés tiende a desacelerar la tasa de crecimiento de la economía porque limita la expansión del mercado interno y la política de crédito, y a quitarle herramientas al gobierno para intervenir sobre la situación de desigualdad social, el hambre y la pobreza".

"Los costos que el gobierno está asumiendo con un acuerdo como este, son el resultado de no haber avanzado local e internacionalmente con la denuncia de nulidad del crédito Macri-FMI, pese a tener a su favor la ley y la razón", cerró el texto.