El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) es una institución fundamental para recuperación de la identidad de aquellas personas que nacieron en cautiverio en los centros clandestinos de detención ilegal que funcionaron durante la última dictadura y vital para apuntalar el trabajo que desde hace décadas realiza en ese sentido Abuelas de Plaza de Mayo. Pero ahora, su continuidad podría estar en peligro. El organismo está en la lista de las entidades que podrían ser disueltas por el Gobierno nacional, según se fundamenta en el proyecto de la ley Bases que comenzará a ser tratado hoy en la Cámara de Diputados. Sectores de la oposición convocaron en las últimas horas a realizar cambios en la iniciativa para asegurar su preservación.

“Entre los organismos sujetos a potencial disolución por parte del Poder Ejecutivo Nacional se encuentra el BNDG. Así surge del dictamen de mayoría de la Ley Bases, que en su artículo 3 no explicita la situación futura del Banco, poniendo en riesgo su existencia”, señaló un comunicado del Comité Nacional de la UCR que encabeza el senador nacional Martín Lousteau a través de un comunicado difundido el pasado fin de semana.

El BNDG nació en 1987 mediante la ley 23.511 sancionada durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Su principal objetivo es el de asistir a la reconstrucción de la identidad y de lazos familiares de niños y niñas arrancados a sus familias en los años de la represión ilegal. Gracias a su trabajo y el de Abuelas, muchísimos nietos y niños nacidos en cautiverio pudieron conocer su filiación y reencontrarse con sus identidades.

El 20 de febrero de 1986, Alfonsín recibió a Estela de Carlotto, Rosa Roisinblit e Isabel “Chicha” Mariani, tres integrantes referenciales de Abuelas, quienes le solicitaron al Jefe de Estado que enviara un proyecto al Congreso con el propósito de darles validez legal a los análisis genéticos que se hacían en el Hospital Durand para identificar a los chicos que habían sido tomados como auténticos botines de guerra por parte de los agentes del terrorismo de Estado.

Un año después, el Congreso aprobó la creación del BNDG a través de la ley 23.511. La entidad viene contribuyendo a la identificación de más de un centenar de niños y niñas nacidos en cautiverio. En 2009, se aprobó la ley 26.548 que le daba el carácter de organismo autónomo y autárquico dentro de la órbita del entonces Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

“Estamos a tiempo de defender el BNDG en el recinto, honrando nuestros más preciados valores. Apelamos para ello a la responsabilidad histórica de todos los legisladores nacionales”, agrega el texto que finaliza diciendo: “El respeto a los derechos humanos -los de ayer, los de hoy y los de mañana- debe ser un compromiso de todas las fuerzas democráticas”, remarcó el texto de la UCR.

Por su parte, la diputada nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman afirmó en declaraciones a la prensa que la posible disolución del BNDG se da en “un contexto de entrega y colaboracionismo con un gobierno que promueve la impunidad de los genocidas e intenta implementar normas como el fondo de cese laboral”.

“No es casualidad: detrás de la votación del día lunes están las patronales que se enriquecieron con el golpe genocida. El que vote esta ley sabe lo que hace", remarcó la legisladora, quien como abogada querelló en varias causas por delitos de lesa humanidad.

En tanto, el diputado nacional Hugo Yasky, integrante de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, consideró que la posible disolución del BNDG está en línea con las políticas negacionistas que se impulsan desde gobierno del presidente Javier Milei. “Nos preocupa también lo que pasa en Defensa con la disolución de los equipos que investigaban los archivos de las Fuerzas Armadas. Vamos a pedir además que el ministro Luis Petri venga a dar explicaciones a la Cámara”, apuntó Yasky.   

No obstante, fuentes parlamentarias ligadas al bloque de La Libertad Avanza (LLA) aseguran que el oficialismo “no tiene intención” de disolver el BNDG. Lo concreto es que en el proyecto que comenzará a ser debatido hoy en Diputados no garantiza su continuidad y es un dato que suma preocupación entre la oposición y los organismos de derechos humanos.