Seis prestigiosas organizaciones de la sociedad civil pidieron al Gobierno libertario que retire la candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema de Justicia por considerar que “no cumplen con las condiciones que se requieren para integrar la máxima magistratura de nuestro país”.

Hace un par de semana el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial los antecedentes de los dos postulantes, pero aún no envió sus pliegos a la Cámara de Senadores que es el cuerpo que debe aprobar sus designaciones.

En un extenso comunicado la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y La Unión de Usuarios y Consumidores dijeron que la Corte se debe integrar con “personas cuya trayectoria refleje probada idoneidad e independencia, así como un fuerte compromiso con los principios constitucionales y los derechos humanos. Desafortunadamente, ni Ariel Lijo ni Manuel García-Mansilla satisfacen ese estándar”.

Respecto de Lijo las entidades dijeron que tuvo graves denuncias en el Consejo de la Magistratura, algunas de las cuales han estado vinculadas a la falta de investigación de causas de corrupción, a la dilación arbitraria de los tiempos procesales y al enriquecimiento ilícito, así como de una denuncia penal por asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias. 

“Dichas denuncias son impropias de un candidato al más alto tribunal. Resulta esencial que ningún halo de sospecha recaiga sobre quienes tendrán a su cargo la decisión de las causas judiciales más importantes de nuestro país”, argumentaron.

Esas denuncias generan, a su vez, “serias dudas sobre el correcto desempeño de Lijo como juez. Siendo ese su principal y casi único antecedente de relevancia, esa circunstancia pone en tela de juicio su idoneidad técnica para llegar a la Corte”.

Las entidades dijeron que los antecedentes de Lijo no hay “otro mérito profesional o académico suficiente para ser magistrado de nuestro máximo tribunal, que debe estar integrado por juristas de alto nivel, con una vasta trayectoria académica y profesional y con un amplio reconocimiento en la comunidad del derecho”.

Los organismos reconocen que Manuel García-Mansilla, por su parte, cuenta con mayores antecedentes académicos. “No obstante, resultan preocupantes sus visiones sustantivas sobre ciertas temáticas, dado que estas podrían impactar en la adecuada defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país”, advirtieron. 

“En primer lugar, observamos con preocupación su posición interpretativa denominada “originalismo”, según la cual el alcance de las cláusulas constitucionales debe determinarse de acuerdo al significado que las palabras tuvieron al momento de su redacción. Esta postura niega toda posibilidad de interpretación dinámica de nuestra norma fundamental y de influencia de la ciudadanía en dicha labor”, explicaro.

Recordaron además que García-Mansilla sostiene que la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos está supeditada a su compatibilidad con los “principios de derecho público” y desconoce el valor vinculante de los instrumentos de los organismos creados para su interpretación y aplicación, como la jurisprudencia internacional, las Observaciones Generales de Comités especializados, las opiniones consultivas, entre otros. 

“García-Mansilla también se ha expresado en contra del derecho a interrumpir el embarazo, incluso en casos de abuso sexual, causal prevista en el Código Penal desde 1921. Más allá de la conclusión a la que arriba, resulta preocupante que su razonamiento omita por completo considerar los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes como un valor a tener en cuenta en la discusión”, dijeron las entidades.