Distintas expresiones feministas en la Cámara de Diputados piden que Eduardo Cáceres, legislador sanjuanino por Juntos por el Cambio, renuncie a su banca, en el marco de la denuncia que tiene de su ex pareja por violencia de género.

Tal como contó Data Clave, el diputado se reincorporó este año a las funciones legislativas, luego de que pidiera licencia el mismo día que se discutía la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). ¿Por qué pidió la baja? Porque su ex pareja, la dirigente sanjuanina Gimena Martinazzo, lo denunció ante la Comisaría de la Mujer.

Pero Cáceres hasta el momento se muestra como desentendido. Aunque hace poco presentó un proyecto para “prevenir la violencia contra los hombres”, en el marco del asesinato de Alejo Oroño por parte de su novia, en Hurlingham.

“Un tema que claramente es un tabú social y un fenómeno distinto al de violencia de género y debe legislarse como tal, debido a que su naturaleza, causas y consecuencias serían distintas, así como los espacios y formas en que se manifiesta”, señala el proyecto del diputado Cáceres.

Pero más allá de este proyecto, distintas corrientes feministas en el Congreso, desde oficialistas hasta opositoras, siguen pidiendo por la renuncia del legislador, que se enfrenta a una posible condena con prisión efectiva.

La presentación ante las autoridades de la Cámara de Diputados la hizo Graciela Caselles y adhirieron las legisladoras Jimena López, Mónica Macha, Mara Brawer, Carolina Moises, Liliana Schwindt, Verónica Cáliva, Liliana Yambrun, Patricia Mounier, Estela Beatriz Hernández, Melina Delú, María Graciela Parola, Alcira Figuero y Victoria Rosso.

“La violencia de género en el hogar constituye una flagrante transgresión de los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre otras cosas, la violencia contra las mujeres es una violación del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona (art. 3); del derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 5); de la igualdad ante la ley y el derecho a igual protección de la ley (art. 7); del derecho a recurrir a un tribunal imparcial (arts. 8 y 10); del derecho a circular libremente (art. 13), y de la libertad de reunión y asociación”, sostuvo Caselles en su presentación, que envió a Sergio Massa, presidente del cuerpo.