La feria judicial de invierno llegó a su fin y con ello, se retoman los movimientos en distintas causas judiciales y también dentro del Consejo de la Magistratura. Este semestre será clave en varios frentes, más cuando se tiene en cuenta que la actividad de los tribunales tiende a disminuir una vez que comienzan los años impares, es decir, los electorales.

El organismo que se encarga de los procesos de selección y sanción a jueces y juezas logró romper la inacción de un año sin aprobar ternas al filo de la feria judicial. Eso requirió un acuerdo entre oficialismo y oposición, algo que por fuera del Consejo es prácticamente inexistente. Es cierto que las vacantes en esos concursos no eran de las más polémicas pero el diálogo parece ligeramente más fluido que en otros momentos

En ese ámbito, las discusiones que se vienen ahora tienen que ver con la situación de los magistrados trasladados. La novela de los traslados, que tuvo su apogeo el año pasado y donde la Corte Suprema determinó que son temporales y no para siempre, llevó a que deba debatirse qué hacer cuando los lugares a los que deben retornar aquellos que se movieron ya fueron ocupados. 

Distinta es la situación en dos lugares claves dentro de la Cámara Federal, el lugar donde habitan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. El concurso para ocupar esos sillones está avanzado pero no hay consenso entre oficialismo y oposición sobre la composición de la terna de candidatos/as. Si eso llega a aprobarse, el Presidente de la Nación deberá elegir dos personas para convertirse en camaristas, que luego tendrán que pasar por el Senado de la Nación.

Además de las ternas, quedó pendiente la discusión sobre los expedientes disciplinarios, que incluye la situación del camarista de Casación Juan Carlos Gemignani y de los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi. Hace dos meses, Data Clave reveló una serie de resoluciones donde los dos magistrados se apartaban de aplicar cualquier tipo de normativa relacionada a la violencia de género y están denunciados en el Consejo por un fallo donde llamaron sicarios a los médicos que realizaron un aborto legal a una adolescente abusada sexualmente. Por otra parte, debe resolverse la situación del juez federal mendocino Walter Bento, procesado por liderar una asociación ilícita que se dedicaba a cobrar dinero a cambio de otorgar favores judiciales.

Dentro del complejo panorama político y económico, lo judicial parece estar en un segundo plano. Cierto es que los videos que publicó la actual vicepresidenta contra la Corte Suprema fueron hace menos de un mes y dejaron expuesto que la relación con el Máximo Tribunal está peor que nunca.

Naufragada la posibilidad de una ampliación de la Corte, tampoco se vislumbra un panorama donde el oficialismo esté en condiciones de cumplir con el trámite constitucional para ocupar el lugar que dejó Elena Highton de Nolasco cuando se jubiló, hace ya 9 meses.

Mientras continúa el no-diálogo entre poderes, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales tienen entre sus manos (o entre las de sus colaboradores) el expediente donde debe definirse el reclamo por la coparticipación. El pleito, iniciado por el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, no tiene plazos pero hay quienes arriesgan que la decisión podría tomarse antes del cierre del 2022.

Este lunes, la actividad oficial tendrá un plato fuerte: la causa Vialidad y el inicio de los alegatos por parte del fiscal Diego Luciani. Son nueve las audiencias que tendrá para exponer su acusación: entre los imputados está Cristina Fernández de Kirchner, que en el mismo video donde criticó a la Corte aseguró que su sentencia ya está escrita.

El Tribunal Oral Federal 2 tiene estipulado culminar con el juicio antes de la feria judicial del verano 2023 pero ello dependerá también del tiempo que tengan las defensas de los 13 acusados y los planteos que puedan suscitarse. 

Por otra parte, el 29 de septiembre, la sala I de la Casación Federal realizará una audiencia donde se discutirá los sobreseimientos dictados por el Tribunal Oral Federal 8 en la causa “Memorándum con Irán”, donde la actual vicepresidenta también está involucrada. La fiscalía y la querella buscan que el juicio se lleve adelante. En ese sentido, también está pendiente la resolución sobre los expedientes gemelos Hotesur/Los Sauces.

Mauricio Macri, por su parte, afronta un panorama judicial mucho más relajado. Con la causa por el Correo Argentino congelada en lo comercial y en lo penal y con los expedientes por espionaje prácticamente desmembrados, el ex presidente atraviesa un buen momento en Retiro.

A comienzos de agosto se espera también una resolución con respecto a la causa por el avión venezolano-iraní. La semana pasada, la fiscal Cecilia Incardona dictaminó que debía mantenerse la prohibición de salida del país de los cinco iraníes y los 14 venezolanos que llegaron a Argentina el 6 de junio debido a que aún faltaba mucha prueba para producirse. El juez Federico Villena deberá definir el rumbo del expediente.