De acuerdo a una encuesta realizada en la provincia de Buenos Aires por la Colectiva
de Trabajadoras Judiciales y publicada en 2021, el 95% de las 267 trabajadoras judiciales encuestadas manifestó haber vivido violencia en el ámbito laboral. A pesar de esa situación, sólo un 27% realizó una denuncia, queja o reclamo. Los motivos son claros: el miedo a que no le crean, las desventajas laborales que les puede traer o las posibles represalias.

La encuesta fue parte del informe que esta semana presentó la Asociación “Mujeres por la Justicia”, que une a magistradas, fiscalas y defensoras de todo el país. El “Decálogo por un Poder Judicial sin violencias, acosos ni discriminaciones por razón de género en las relaciones de trabajo” tiene un objetivo ambicioso en un tema donde el sistema judicial viene fallando: ¿cómo controlar, detectar, sancionar y evitar situaciones de violencia laboral?

Dentro de la encuesta que hicieron en la provincia de Buenos Aires, dentro del grupo de las que se animaron a denunciar, solo en un 12% de los casos culminaron con una sanción o traslado al agresor. Lo peor es que casi en el 60% no hubo ni siquiera una respuesta institucional. 

“La existencia de situaciones cargadas de hostilidad, ofensivas, intimidatorias, degradantes, perturbadoras, afectan las vidas de muchas personas trabajadoras, particularmente mujeres y personas LGBTTIQ+, lo que representa una violación de sus derechos humanos. Las consecuencias no solamente son palpables en sus trayectorias laborales sino también en su salud física, psíquica y social”, sostienen el documento de la Red de Mujeres.

“Todo eso es tuyo o tenés bisturí”, le preguntó el ex juez federal José Charlín a una de sus empleadas. Aprovechaba cualquier situación para hacerle comentarios sexuales y tocarla. Una tarde, la arrinconó en su despacho: “qué lindo lo que tenes puesto”. El ex magitsrado fue condenado en 2018 a cinco años de prisión por abuso de autoridad; abuso sexual y amenazas hacia sus empleadas en un contexto de violencia de género laboral; y uso de fondos públicos para destino personal. Su condena está firme y ya está bajo libertad condicional luego de haber pasado dos años detenido.

Si bien la conducta de Charlín fue sancionada y hubo una condena, lo cierto es que se trata de una excepción en el mundo judicial. “El enfoque centrado en la conflictiva interpersonal es perjudicial, primero, porque conlleva colocar toda la carga de la resolución de la situación de violencia en la propia afectada; segundo, porque no considera el posible rol proactivo de todas las personas trabajadoras; tercero, porque no cuestiona hasta qué punto todo el sistema facilita, favorece y/u oculta estas situaciones, encubriendo la desigualdad estructural que origina, sostiene y perpetúa estas violencias, acosos y discriminaciones”, explican en el Decálogo las mujeres judiciales que integran la red.

“Cambiar este estado de cosas nos obliga a transformar patrones sociocuturales de conducta, prácticas jurídicas y consuetudinarias y reglamentaciones que hasta hoy se conservan intactas”, resaltan.

Acosos y maltratos

Oscar Hergott fue juez federal hasta septiembre de 2017, cuando el Poder Ejecutivo le aceptó su renuncia. Estaba al borde de ir a juicio político por una denuncia donde se evidenciaron los acosos y maltratos que sufrían las personas que trabajaban con él. “¿Tenes ropa interior?” le preguntó a una de sus por entonces empleadas. Fue denunciado en el Consejo de la Magistratura incluso por su colega, la jueza Adriana Palliotti, que también era acosada diariamente por Hergott. “Qué fuerte que estás”, le decía constantemente. 

Dentro del decálogo, se menciona la incorporación de dos figuras que podrían ser útiles para incentivar el involucramiento de todas las personas dentro de un ámbito laboral para evitar situaciones de violencia. La “observadora participante” (o testigo proactivo) es la persona que tendría el rol de asegurar que “todas las y los trabajadores conozcan cómo actuar frente a una situación de violencia, cómo participar para erradicarla y cómo apoyar a la persona afectada”.

Por otro lado, proponen la figura de una "Orientadora Confidencial": esto involucra a profesionales especialmente formadas para “orientar de forma totalmente confidencial a quienes así lo requieran, e intervenir informalmente con el objeto de poner fin a una situación de violencia, cuando ello sea lo más adecuado, siempre y cuando, cuente con el consentimiento de la persona afectada”.

Quizás el caso que tuvo mayor repercusión en el último año y medio tuvo que ver con la situación del ahora ex fiscal Julio César Castro, quien estuvo incluso a cargo de la Unidad Fiscal de delitos contra la integridad sexual. Castro fue denunciado por abuso sexual y violencia por su novia. Antes, había varias denuncias en el ámbito administrativo donde empleadas y empleados denunciaban maltratos y acosos. Fue condenado a seis años y medio de prisión: a comienzos de 2021 un jury lo había sacado de su cargo y en noviembre, fue detenido.

La falta de orientación y apoyo; el silenciamiento de las situaciones; el intento de desacreditar o desalentar a las damnificadas; procedimientos revictimizantes y falta de escucha son alguno de los factores que evaluaron desde la Red de Mujeres al momento de elaborar el decálogo donde proponen cambios en la forma en que se trata hasta ahora esta problemática. 

Consideraron que hay un “clima de impunidad reinante”, redoblado por el hecho de que en la mayor parte de los casos las violencias son ejercidas por personas de mayor jerarquía que las personas afectadas y que en la mayoría de los casos, cuando se adoptan medidas se perjudica el desarrollo laboral, la vida y el entorno familiar y social de la denunciante.