El debate se llevó adelante de manera semi-presencial: solo los magistrados y el testigo al que le tocó declarar estuvieron de modo presencial en Comodoro Py mientras que el resto de los involucrados intentó participar de la audiencia vía Zoom. Sin embargo, Cristina de Kirchner -del mismo modo que otros acusados- decidieron no conectarse a distancia. En el caso de la vicepresidenta, fue representada por Carlos Beraldi, el flamante integrante del Comité Asesor que anunció Alberto Fernández, quien había solicitado como abogado de Cristina que todo el debate se transmitiera en vivo para garantizar la publicidad del juicio oral. Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso rechazaron esa posibilidad y le dijeron que le entregarán los videos cuando la audiencia termine.

Vialidad se reinició en una semana donde la reforma judicial batallará en el Senado: este martes la ministra de Justicia Marcela Losardo estrenará las audiencias donde se discutirán los puntos a favor y en contra del proyecto. Las comisiones que intervendrán serán las de Asuntos Constitucionales (presidida por la kirchnerista María de los Angeles Sacnun) y la Justicia y Asuntos Penales (a cargo de Oscar Parrilli).

Todo de manera virtual, en el oficialismo calculan que para septiembre se pueda votar en el Senado la reforma, sin prácticamente modificaciones al proyecto que llegó del Ejecutivo. Cristina será la que domine el debate cuando eso suceda: desde la oposición criticaron el rol preponderante de la vice en las comisiones que intervendrán en el tema y volvieron a poner en eje la idea de que todo esto es un plan para “garantizar la impunidad” de la vicepresidenta.

La fusión de los fueros Criminal y Correccional Federal (alias Comodoro Py) y Penal Económico, la llegada del sistema acusatorio, la creación de nuevos juzgados y fiscalías, la unión de Contencioso Administrativo Federal y Civil y Comercial Federal son algunos de los puntos principales de este proyecto. Nada relacionado con la Corte Suprema se discutirá ahora pues no está dentro de la reforma: eso es algo que evaluarán y propondrán los integrantes del Comité Asesor, quienes tienen críticas de cómo está funcionando ahora el Máximo Tribunal. Algunos, desde hace muchos años, plantean una nueva ampliación.

Históricamente, la Corte Suprema tuvo cinco miembros pero pasó por distintas etapas en su conformación. La última modificación la propuso, justamente, Cristina en 2006 cuando impulsó que volviera a los cinco integrantes después de lo que fue la ampliación planteada por el menemismo y que le abrió la puerta a la conocida “mayoría automática”.

Tanto en la Corte como dentro del sistema judicial, las críticas a la reforma judicial se multiplican. Integrantes de Comodoro Py y habitantes de los despachos cercanos al Palacio de Tribunales marcan varios puntos flojos: los recursos necesarios para implementar los cambios; la cantidad de juzgados en detrimento de la importancia que tendrían las fiscalías en un sistema acusatorio; la nula consulta sobre el proyecto; la actuación de Casación Federal ante la posibilidad de que se duplique o triplique su actual caudal de causas.

La Corte mira atenta, más que nada, al Comité de Asesores, donde hay varios integrantes a los que miran con reojo. “¿Qué modelo de Corte quiere el Gobierno?” es la pregunta que muchos se hacen. En la coalición conviven varios pareceres. Alberto Fernández ya dijo que no le interesaba una ampliación pero si revisar qué casos llegan a esa instancia y cómo se trabaja. Serán 90 días de trabajo del Comité, que luego elevará sus conclusiones al Ejecutivo.

Mientras tanto, si todo avanza en el Senado, la discusión más áspera estará en Diputados, donde el Frente de Todos no llega por sus propios medios al quórum. Estas semanas serán clave para los acuerdos que deberán trazarse de cara a lo que oficialismo desea: una reforma judicial aprobada para fin de año.