Vacunatorio Vip: cuenta regresiva para el análisis sobre el archivo parcial de la causa
La sala II de la Cámara Federal tiene en sus manos el análisis sobre el archivo parcial dictado por la jueza María Eugeni Capuchetti en el marco de la investigación por lo ocurrido con aquellos que se vacunaron por fuera de los esquemas previstos.
Hace poco más de un mes, la jueza Capuchetti había considerado que los vacunados no cometerio delitos al aceptar la vacuna. La magistrada había explicado que no existía dentro del Código Penal un delito donde se criminalice una situación de “tratos especiales”.
Hizo en ese momento una diferenciación entre las cuestiones éticas/morales y cuándo debe intervenir el sistema judicial. "Interpretar algunos tipos penales de la parte especial del Código Penal –de vaga e imprecisa redacción- para que forzosamente encuadren en las conductas denunciadas se apoya exclusivamente en una interpretación extensiva de los tipos penales y pasa groseramente por alto el carácter fragmentario y subsidiario del derecho penal, como así también el hecho claro, conciso y evidente de que las personas vacunadas se encontraban dentro del grupo considerado como prioritario por la Resolucion 2883/20 que expresamente establecía la posibilidad de avanzar simultáneamente entre las diferentes etapas tal como lo recomendaban los especialistas”, había marcado.
Contra esa decisión, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez decidió apelar y llevar la cuestión a la Cámara Federal ya que consideró que todavía podían tomarse varias medidas en la causa. Consideró en ese sentido que el acceso a un bien escaso de forma anticipada en función de privilegios podía significar una vulneración al derecho de igualdad, al de no discriminación y al de salud.
Cabe resaltar que la causa sigue con respecto a la responsabilidad del ex ministro de Salud Ginés González García; su ex jefe de Gabinete Lisandro Bonelli; su secretario privado Marcelo Cullé y el ex funcionario Alejandro Collia.
Este pedido de reapertura que hizo la PIA deberá ser evaluado por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, que habían fijado este jueves 12 de agosto una audiencia por si alguno de los implicados quería presentar alguna cuestión. Después de eso, los magistrados tienen cinco días hábiles para resolver (aunque muchas veces se toman algún tiempo más).