En un contexto de alta inflación, las universidades nacionales están solventando sus gastos con un presupuesto que casi no tuvo variaciones desde enero de 2023. Esto implica recortes en la oferta académica tanto en cantidad, como calidad de las clases, reducción en las tareas de mantenimiento en los edificios, menor seguridad, y merma en las becas.

Por ejemplo, la Universidad Nacional de Hurlingham anunció durante el inicio del primer cuatrimestre que los estudiantes podrían inscribirse en un máximo de tres materias y no aseguraron el inicio de cursada en agosto.

Cabe resaltar que en las universidades también se llevan adelante distintas tareas relacionadas con las investigación científica, su extensión y producción. En este contexto, todo ello se verá afectado de forma directa ante la falta de solvencia económica.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un comunicado donde convocó a la Marcha Federal para el próximo martes 23 de abril. Allí sostienen que desde febrero enviaron varias notas donde expresaban su preocupación y pedían una pronta respuesta al gobierno Milei. El foco estaba puesto en la cuestión educativa.

“La sociedad argentina tiene una alta valoración de sus universidades públicas a lo largo y a lo ancho del país, no solo por su tarea de formación con alta capacidad profesional, sino también por su tarea en la construcción del conocimiento. Por la transferencia al mundo de la producción y del trabajo, a la sociedad en general, por las tareas de extensión y la solidaridad con los sectores más postergados”, se sostuvo allí.

En este contexto, estudiantes y docentes de la Facultad de Derecho, y de la Facultad de Filosofía y Letras -pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires- decidieron, mediante asambleas de los centros de estudiantes, sacar los bancos a las calles para brindar más de 100 clases públicas.

“Si no mandan más plata, no es seguro que haya segundo cuatrimestre. Lo que nos dicen es que, como mucho, se pueden llegar a cubrir los gastos de la universidad hasta julio. Nadie habla de dejarnos sin trabajo, pero ¿Quién pone las manos en el fuego por que no nos vamos a quedar en la calle?”, sostuvo Melisa, una trabajadora no docente de la UBA que mostró su preocupación esta semana.

Ante el último paro de la UBA, desde el Ministerio de Capital Humano anunciaron un supuesto aumento del 70%. No obstante, esa decisión no solo no fue aprobada, sino que sólo corresponde a los gastos de funcionamiento. Es decir, esa cifra no llega a representar el 6% del total de los recursos que las universidades ejecutaron el año pasado y no incluye un ajuste en el salario docente.

En ese sentido, los aumentos incesantes, las políticas de vaciamiento y el ataque constante a la educación pública impiden imaginar un normal desarrollo del ciclo universitario, menos aún sosteniendo un presupuesto aprobado hace más de un año.