La Provincia de Buenos Aires vivió en los últimos días un verdadero infierno que no excede a los problemas que se extienden a la República Argentina. Al menos 20 personas murieron como consecuencia de haber consumido cocaína envenenada que se habría "cortado" con fentanilo, un fuerte analgésico opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente.

Si bien desde el Gobierno provincial negaron que este hecho se tratara de una disputa de narcos, la tragedia de la "Puerta 8" -un barrio ubicado en la localidad bonaerense de Tres de Febrero- muestra un desenlace entrelazado por el negocio atomizado del narcotráfico y las peleas entre bandas para conquistar territorios, en una nota que bien explicó Data Clave.

Los psicólogos, especialistas e investigadores del consumo de drogas suelen afirmar que el abordaje de esta problemática no debe darse desde la represión al consumidor, sino más bien atacando la adicción, tanto de drogas como de otros elementos, impulsos y acciones que trastornan el funcionamiento psíquico de un ser humano.

Puerta 8, uno de los tantos bunkers que van en aumento en la República Argentina

Es por eso que existen muchos organismos y organizaciones sociales que plantean la despenalización del consumo personal de drogas, empezando por la marihuana. La lectura que hacen es que necesitan una intervención del Estado para que el consumidor tenga nombre, apellido y un potencial tratamiento y acompañamiento en su proceso.

En ese marco, en el Congreso nacional ya descansan varios proyectos que todavía no fueron tratados. El último fue presentado hoy por la legisladora oficialista Carolina Gaillard, que también contó con la firma de varios compañeros del bloque del Frente de Todos.

Carolina Gaillard, la legisladora que presentó uno de los proyectos que propone despenalizar el consumo de drogas

El proyecto busca modificar el Régimen Penal de Estupefacientes, Ley 23.737, y despenalizar el consumo personal de sustancias. A su vez, también incluye la legalización del autocultivo de cannabis para uso personal. “Tenemos que priorizar un abordaje desde el derecho a la salud de las personas usuarias de sustancias, y no desde la persecución penal”, explicó la legisladora entrerriana.

Esta propuesta legislativa tiene la redacción y el trabajo de especialistas y organizaciones de la sociedad civil que colaboraron durante 2011 en la redacción y las distintas modificaciones en el articulado de la ley actual que penaliza el consumo. Lo que propone esta diputada es despenalizar la tenencia de estupefacientes con fines de consumo personal aplicando el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el "fallo Arriola", sancionado en 2009 y donde afirma que la tenencia de drogas para su consumo "no es un delito". El proyecto también tiene apoyos sobre las despenalizaciones que ya fueron dictadas en países como México, Portugal, España, Perú, Uruguay, Brasil, Colombia, Bélgica, Holanda y el estado de Oregon, en Estados Unidos.

“Es urgente una reforma de la ley de estupefacientes para lograr armonizarla con la protección de la salud pública y en particular con nuestra ley de Salud Mental. Esto va a permitir, además, implementar otras formas de cuidado de la salud en línea con las políticas de reducción de daños. Para lograrlo, el proyecto hace foco en que la persecución penal se oriente a la narcocriminalidad y el negocio ilegal de estupefacientes, y no a conductas privadas de usuarios y usuarias que no significan un daño a la salud pública y cuya persecución, en cambio, significan sistemáticas afectaciones a derechos fundamentales”, remarcó Gaillard.

El Gobierno nacional se expresó en varias oportunidades sobre el consumo personal de marihuana, pero no de otras drogas. El propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, opinó: “Tenemos que pensar y abrir un debate en algún momento sobre la legalización de la marihuana. Si el alcohol y el tabaco son legales, ¿por qué la ilegalidad está en la marihuana?”.

Según una encuesta de mediados de 2021, ocho de cada diez personas usan cannabis con fines recreativos, mientras que solo el 17,6% de las personas que usan cannabis lo hacen con fines medicinales. En esto último también viene trabajando y desarrollando el ministerio de Salud, en acuerdo con la cartera de Desarrollo Productivo que dirige Matías Kulfas, para llevar adelante la producción nacional de cannabis en el país.

La modificación de la ley de estupefacientes presentada por Gaillard también propone ajustar la política de drogas en relación al cannabis, otorgándole un estatus jurídico que comprenda su dimensión medicinal, terapéutica y paliativa, reconocida por Ley 27.350, de Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta De Cannabis y sus Derivados.

Según Gaillard, “el actual abordaje del modelo prohibicionista abstencionista, que criminaliza a usuarios y usuarias por consumo y posesión de drogas para uso personal, obstaculiza la efectividad de las políticas de salud. La ley 23.737 no comprende el universo real de la problemática e instala la prohibición y la abstinencia desde un abordaje represivo y compulsivo que ha demostrado su ineficacia en todo el mundo”.