Un grupo de diputados nacionales presentaron un proyecto en el Congreso que pide al Poder Ejecutivo que no avance con la desregulación el Sistema Único de Prestaciones Básicas de las Personas con Discapacidad. 

El borrador de un polémico decreto que tiene este objetivo circuló por las redes sociales y los medios de comunicación y generó alarma en el sector. El mismo ya está rubricado por el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.   

Lo llamativo es que la iniciativa presentada por el legislador de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, contra esta desregulación fue acompañada por Miguel Ángel Pichetto y por Ricardo López Murphy de Hacemos Coalición Federal. 

En los fundamentos del proyecto, los diputados indicaron que “de concretarse la desregulación de los aranceles, las personas con discapacidad quedarán en un estado de vulnerabilidad absoluta”. 

Además, remarcaron que en el caso de que entre en vigencia este proyecto de decreto “será más difícil el acceso a la salud de las personas con discapacidad, por cuanto, muchos prestadores perderán interés en ofrecer sus servicios ante una insuficiente remuneración de su trabajo profesional”.

Y señalaron que “al no haber aranceles preestablecidos y actualizados por la autoridad regulatoria, las Obras Sociales y las demás prestadoras de salud, pueden fijar arbitrariamente dichos aranceles en desmedro del justo reconocimiento por el servicio brindado”.

En tanto, Valdés explicó que “el nomenclador vigente hace que todas las prestadoras tienen la obligación de cubrir las prestaciones en el mismo valor. Esto hace que todos puedan acceder a una prestación de calidad" y que “este decreto significaría un enorme paso atrás”. 

“De avanzar, estarían posibilitando que haya personas con discapacidad de primera clase, quienes tienen la capacidad económica de pagar una prepaga, y luego personas con discapacidad de segunda o de tercera clase, de acuerdo a la amplitud de la cobertura que tenga, si es que tiene”, precisó el autor de la iniciativa. 

“Una decisión así deja desprotegido a un universo de 15 millones de personas de nuestro país. Esto debe ser una causa de todo el arco político, más allá de las pertenencias partidarias, para que sea una cuestión de Estado”, agregó. 

El proyecto forma parte del temario de la reunión de la comisión de discapacidad de Diputados del miércoles. Además, familiares e instituciones que trabajan con personas con discapacidad marcharán mañana en todo el país en rechazo a esta desregulación.