Un fallo de Ramos Padilla "legitimó" una toma de tierras en La Plata y Juntos por el Cambio salió al cruce

El titular del Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla, "legitimó" una toma de tierras en el ex Club de Planeadores en el barrio de Los Hornos de la ciudad de La Plata al determinar que no se materializó delito de usurpación y, por ello, ordenó el archivo de la causa. La dirigencia de Juntos por el Cambio salió al cruce y cuestionó esta decisión.

La causa corresponde al expediente judicial en torno a un predio de 163 hectáreas que fue ocupado por unas 750 familias carentes de recursos en 2020 y que construyó allí precarias viviendas en las cuales se afincaron y llevan adelante sus vidas, algo similar a lo que ocurrió en los terrenos de Garnica. En cuestión, y de acuerdo al reporte del ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense que preside Andrés 'Cuervo' Larroque, ese lugar representa hoy el hábitat de unos 4.200 habitantes.

Ramos Padilla, en una extensa resolución que contiene más de 50 páginas, llegó a la conclusión que no se materializó delito de usurpación y, por ello, ordenó el archivo de la causa. En primer lugar, y según relata el sitio Palabras de Derecho, consideró que el Ministerio Público Fiscal, órgano constitucionalmente habilitado para impulsar la acción penal, no se expidió en torno a si los hechos investigados constituían delito y que las autoridades públicas -Nacionales, provinciales y municipales- ya habían establecido diálogos y acciones destinadas a la urbanización del predio y ofrecer soluciones habitacionales a las familias ocupantes del terreno. 

En tal sentido, el magistrado argumentó que, al momento de los hechos, el terreno se encontraba desocupado, que adolecía de todo elemento de demarcación y su estado era ocioso. En resumidas palabras, consideró que el lugar no tenía vallas, rejas de seguridad y que los hechos se dieron a plena luz del día, sumado a que los ingresantes entraron sin ningún tipo de dificultad ni medida que lo impidiera.

En el fallo, indicó que "las familias que ocupan las parcelas en conflicto no cuentan con posibilidades económicas y políticas públicas de acceso al suelo" y que "dicho cuadro de situación sumado al carácter ocioso en que se encuentra el predio del Estado Nacional, los lleva -a los usurpadores- a tomar la decisión de apropiarse de un lugar para vivir y desarrollar su vida cotidiana".

El magistrado llegó a la conclusión que "no caben duda de que se ha producido el despojo del inmueble de titularidad del Estado Nacional", pero agrega que, pese a ello, los hechos "no reunían ninguna de las características legales que la figura legal requiere para que sea considerada delito".

Con esos argumentos, el juez Ramos Padilla ordenó el archivo de la causa penal pero exhortó al Estado Nacional, Provincial y Municipal -a través de sus áreas respectivas- a fin que profundicen su participación y colaboración destinada a avanzar en el proyecto de urbanización que está en desarrollo y que se preste especial atención a las familias ubicadas en zonas de riesgo hídrico.

La resolución de Ramos Padilla generó un gran enojo en Juntos por el Cambio y gran parte de dirigentes, legisladores, intendentes y funcionarios salieron al cruce. Uno de ellos fue Patricia Bullrich, presidenta del PRO, al decir que "una toma de tierras es ilegal por donde se la mire. Pero si es de día, para el juez Ramos Padilla no es delito".

"La Argentina necesita justicia de verdad, no fallos con bases partidarias e ideológicas. La ley debe ser justa y clara. Esa es otra de las batallas que vamos a dar", agregó en su cuenta de Twitter la ex ministra de Seguridad.

Por su parte, el diputado nacional Diego Santilli, de mucho recorrido actualmente por la Provincia de Buenos Aires, se preguntó: "¿Qué sigue después? ¿Homicidios permitidos entre las 10 y 18 horas? ¿Y si probamos con cumplir la ley?".

El intendente de La Plata, Julio Garro, rechazó el dictamen de igual manera y dijo que "la decisión judicial es alarmante y sienta un precedente preocupante". Por eso, comunicó que el municipio pidió que se reabra la investigación.

"Solicitamos a la Nación y a Provincia la inmediata intervención. Que apelen la medida y que se avance con el desalojo del predio ilegalmente ocupado, que genera un riesgo hídrico para toda la zona", exclamó.

Otro que expresó su inquietud fue el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. "¡Preocupante decisión judicial que parece avalar la toma de tierras!", escribió. A esto se le sumó Néstor Grindetti, de Lanús: "Es un paso atrás, indudablemente. De ninguna manera se puede avalar la toma de tierras. Este fallo es muy preocupante. Sueño con una provincia donde todos puedan acceder a su vivienda a través del laburo!".