Un condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad bailó y bebió en las "Bodas de Oro" de su amigo represor
Se trata de Gustavo Ramón De Marchi, que tiene sentencias en las Megacausas I, II y III por la represión ilegal durante la dictadura en la provincia de San Juan. Se había profugado dos veces, y en tribunales se defendió a sí mismo. Lejos de esos vaivenes, estuvo el sábado 3 de febrero en la fiesta por los cincuenta años de matrimonio de su cómplice en secuestros, torturas y asesinatos Jorge Antonio Olivera. Está en libertad como consecuencia de un peritaje psiquiátrico y físico que lo declaró totalmente incapacitado física y mentalmente como para comprender sus actos más básicos.
A Gustavo Ramón De Marchi le dicen "El Gauchito" no tanto por su aspecto, que se parece al de un texano extravagante más que a un hombre de las pampas argentinas, sino por su voluntad para los favores y la lealtad a los amigos.
De familia correntina, nació en Córdoba en 1948 porque su padre, el General Juan Carlos De Marchi, estaba destinado en esa provincia cuando nació su segundo hijo. El General fue un hombre muy cercano al presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse, quien lo nombró al frente de los Ferrocarriles Argentinos durante su dictadura. Gustavo Ramón tiene un hermano mayor, Juan Carlos (h), que también es militar de infantería y está preso con arresto domiciliario condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en Corrientes.
Como su padre y su hermano, egresó del Colegio Militar, en su caso, en 1969 con la promoción 100 del Ejército. Es un excelente tirador, tres veces campeón panamericano de la especialidad e instructor en la "Escuela de las Américas", institución fundada en 1946 en los cuarteles del Comando Sur de los Estados Unidos situados en Panamá y donde el gobierno de USA se dedicaba a "enseñar a América latina cómo defenderse del comunismo inspirado en la URSS y Cuba, cómo defenderse de la subversión y la insurgencia". Por allí pasaron más de sesenta mil militares de toda América del Sur de todo rango. Para De Marchi, pasar allí de estudiante a instructor fue uno de los grandes logros de su vida.
De regreso a la Argentina, en 1975 junto a Acdel Vilas primero y luego al mando de Antonio Domingo Bussi participó del "Operativo Independencia" en Tucumán, donde los secuestros, torturas y crímenes se anticiparon a lo que luego sería un plan sistemático en todo el país. De Marchi se lució en el "combate" en el monte, pero su nuevo destino fue urbano: seguir al por entonces líder de la JP y segundo del Comando Norte de la organización Montoneros Rodolfo Galimberti. No hay registro de tal acción, precisamente por la clandestinidad de la misma, pero aún hoy no se sabe si es un farol o algo realmente cierto.
Finalmente, "El Gauchito" fue destinado a San Juan, más precisamente al Regimiento de Infantería de Montaña 22. Allí conoció a Jorge Olivera y como Rick le dice al Capitán en la última escena de "Casablanca", fue "el inicio de una gran amistad". Juntos compartieron salidas con sus esposas, el nacimiento de sus hijos, la vida en común en una ciudad que a todos les era ajena, pues Jorge Antonio Olivera era misionero, Marta Ravasi porteña, él era cordobés y su esposa, Vicenta Vilma Britez Lezcano también de Buenos Aires. Las dos parejas eran inseparables.
Mantienen la amistad hasta hoy, a diferencia de otros amigos circunstanciales que pasaron por sus vidas, como por caso los que fueron compañeros de trabajo de Marta Ravasi en la Universidad Nacional de San Juan quienes luego de compartir una cena con ellos, a la semana fueron secuestrados por la patota liderada por Olivera y De Marchi: un día compartieron el pan, y al otro la mesa de tortura: unos como torturados, otros como torturadores.
Concluida la dictadura y con el grado de teniente primero pasó a retiro. Se instaló con su familia en la ciudad de Buenos Aires, muy cerca de Olivera quien también había dejado San Juan y residía en Olivos. Hizo el curso de martillero público, y se dedicó a la compra y venta de inmuebles, algunos de ellos de sus camaradas de armas, no siempre bien habidos. Como muchos pertenecientes a las patotas y fuerzas de seguridad, se habría dedicado a blanquear los bienes robados a detenidos y desaparecidos a través de una inmobiliaria. De todos modos, De Marchi dijo siempre a quien quiera escucharlo que jamás participó de sesiones de tortura o de tareas de inteligencia.
Los más de 700 testigos que declararon en las tres megacausas que se desarrollaron en San Juan, en las que se investigaron delitos de lesa humanidad y lo pusieron en el banquillo de los acusados, no dijeron lo mismo. No ahondaremos en detalles de espanto: las causas completas y los testimonios del horror son públicas y pueden encontrarse en internet.
La primera vez que estuvo frente a un tribunal fue en 2013. Pero no era la primera vez que lo buscaba la justicia. Por entonces vivía en la porteña esquina de Austria y French; conocedor del negocio inmobiliario, logró convencer al dueño del departamento contiguo al suyo, del edificio de al lado, de que le venda la propiedad. De Marchi entonces abrió un boquete y unió ambos departamentos por un pasadizo oculto, de manera tal que cuando lo fue a buscar la policía, cruzó la pared, pasó al departamento de al lado y salió lo más campante por la puerta del otro edificio, delante de las narices de los oficiales.
Luego de varios meses de testimonios y alegatos, los jueces de la Megacausa I de San Juan lo condenó en julio de 2013 a 25 años de prisión. Su compañero y amigo, Jorge Antonio Olivera, tuvo una sentencia aún peor: perpetua. Los dos amigos lograron que, quince días después de la sentencia que debían cumplir en el penal sanjuanino de Chimbas, los trasladasen al Hospital Militar de la ciudad de Buenos Aires, por diversas dolencias. Casualmente, allí trabajaba Marta Ravasi quien, a pesar de estar divorciada de Olivera, al menos tal como dice en la causa, los ayudó a huír el mismo día que llegaron al nosocomio. De Marchi también aparece como divorciado de Vicenta en el mismo expediente: la realidad es que el divorcio de ambos fue una artimaña para preservar el patrimonio sin demasiada fortuna, pues la justicia igual dispuso el congelamiento de cuentas y bienes de las dos ex esposas, Marta y Vicenta.
"Estuve dos años prófugo, fui a Brasil, Uruguay, mi mujer enfermó de cáncer y me volvieron a capturar en diciembre de 2015, después de que Mauricio Macri dijo que iba a terminar con el curro de los derechos humanos. Eso hizo que me relajara y empecé a ir al Patio Bullrich, al Alto Palermo", contó el mismo De Marchi al periodista Mariano De Vedia de "La Nación". Olivera tuvo más suerte, recién lo recapturaron en 2017.
De vuelta en la cárcel, De Marchi y Olivera volvieron a los tribunales para la Megacausa II. La sentencia para los dos fue perpetua. Para entonces, De Marchi había dejado la barba candado para lucir unos enormes bigotazos de manubrio, canos, estruendosos. Los ojos pequeños, como de perdiz, quedaban aún más disminuíos tras unos anteojos que cubrían la opacidad de la mirada. Estaba absolutamente ofendido con el gobierno, la justicia y sus actores, creyó que el gobierno de Mauricio Macri influiría para que las penas y su ejecución sean más blandas para ellos, quienes siempre se consideraron patriotas.
De Marchi contó su enojo: "Le mandé mis padrinos a Ricardo Lorenzetti". Los padrinos, en ese reto a duelo que el presidente de la Corte Suprema ignoró entre la risa y el desdén, eran sus propios hijos, que cumplieron la misión. Aparentemente habrían hecho lo mismo con los otros jueces y con los fiscales federales, aunque él mismo aclara que hizo una excepción, sin explicar por qué, con Carlos Rosenkrantz y con Elena Highton, "por ser mujer".
Al periodista Claudio Leiva, del Diario de Cuyo de San Juan, le fue un poco mejor. No le mandó "padrinos", lo amenazó él cara a cara. El periodista contó el suceso, espantado: “Uno de los acusados, Jorge Olivera, me hace señas durante la audiencia de que quería hablar conmigo. No es habitual que ellos hablen o que los periodistas hablemos con los acusados, yo no sabía si se podía hablar, si está permitido. Cuando termina la audiencia me acerqué a Olivera, me identifiqué y ahí él me dice que había otro acusado que quería hablar conmigo. Se acerca De Marchi, lo saludo, y me invita a acompañarlo, nos dirigimos a los sanitarios. Ingreso yo primero, detrás de mí ingresa De Marchi y cierra la puerta. Quedamos a solas en el interior del sanitario y ahí De Marchi me relata que el proviene de una familia de militares. Pone su mano sobre mi hombro, medio presionando y me dice: ‘Mirá, no lo tomés como una amenaza, pero escribí bien, vos tenés familia, yo en algún momento voy a salir’”.
En prisión empezó una huelga de hambre, era 2020 y la pandemia arrasaba. De Marchi ocupaba la celda 225, en la planta alta del Hospital Penitenciario Federal de Ezeiza. Enfrente, en la 206, vivía Miguel Etchecolatz, el más viejo y emblemático del horror de los uniformados presos. A pocos metros estaban Jorge Eduardo "el Tigre" Acosta y Luis Enrique Baraldini, carapintada.
"No pido ni prisión domiciliaria, ni salidas transitorias, ni la excarcelación. Solo reclamo igualdad ante la ley, que los militares presos tengamos los mismos derechos y el mismo trato que los presos comunes", dijo mientras solo tomaba mate durante días. Para entonces había tenido un ACV, era diabético, perdió quince kilos y, por supuesto, logró la prisión domiciliaria. "En algún momento voy a salir", le había dicho al periodista, y lo logró, al menos hasta su casa.
Para entonces ya había comenzado la Tercera Megacausa, en San Juan. El fiscal pidió para él prisión perpetua. Pero la sentencia quedó en suspenso porque el Tribunal Oral Federal suspendió el proceso contra el represor porque las pericias psiquiátricas, psicológicas y neurológicas del Cuerpo Médico Forense corroboraron que atraviesa una incapacidad sobreviniente, lo que le impide participar en un debate judicial y comprender el mismo.
También quedó en suspenso otro juicio por falsificación de documento público pues, durante su fuga, fue detenido con un documento robado. Pero eso no fue todo. Como está incapacitado física y mentalmente como para comprender sus actos, aún cuando se los expliquen, los jueces Héctor Cortés, Raúl Fourcade y Alejandro Piña que habían dictado una prisión de 25 años para él, vieron como Gustavo Ramón De Marchi quedaba en libertad gracias a la pericia y vericuetos legales que no se hicieron públicos.
Pero además, no solo quedó libre en tercera causa. Se le aplicó de manera retroactiva y le levantaron las condenas de Megacausa I y II. Está libre. En su casa. Los crímenes cometidos contra más de sesenta personas: secuestros, torturas, violaciones, robos, asesinatos, desapariciones de seres a los que De Marchi, Olivera y la patota que dirigían truncaron sus vidas no tienen castigo para De Marchi. Personas que por el accionar del dúo de amigos no vieron crecer hijos, nacer nietos, celebrar navidades, cumpleaños o bodas no tuvieron el derecho de un juicio justo.
No estaba preso, estaba de parranda
Como está libre, Gustavo Ramón De Marchi acompañó a sus amigos Marta Ravasi y Jorge Antonio Olivera en la celebración de sus "Bodas de Oro". La fiesta fue en la casa del matrimonio, en Olivos, porque Olivera circula con tobillera electrónica por tener prisión domiciliaria. También celebraron con ellos Cecilia Pando y su esposo Rafael Mercado, familiares como el segundo hijo de la pareja, el sacerdote lefevbrista Javier Olivera Ravasi, conocido por rezar con un rosario de balas.
Si esta cronista no hubiera ampliado las imágenes de la fiesta que circularon por redes sociales, no lo hubiera visto. Y si no fuera por los bigotes, no lo hubiera reconocido. Pero allí estaba, acompañado por Vicenta, celebrando los cincuenta años del matrimonio de sus amigos él, "El Gauchito", el amigo fiel, el compañero de crímenes y amores, con quien compartió medio siglo de andanzas, huidas, juicios, cárcel, el que se jugó por acompañar al amigo y al menos esa noche, de su incapacidad, ni un atisbo. Quizá por la emoción, tal vez por la alegría, parecía absolutamente sano, recuperado por completo, totalmente lúcido y con salud de hierro. A un metro, Palito Ortega con su banda, cantaba “La Felicidad, ja ja ja ja!”
Las Megacausas
Megacausa I es el primer proceso judicial de estas características desarrollado en San Juan y en el que se investigaron los delitos de homicidio, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación, abuso deshonesto y asociación ilícita en perjuicio de sesenta víctimas en jurisdicción del el área militar 332, que tenía su jefatura en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM22).
Esa unidad militar tuvo bajo su control los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Penitenciaría de Chimbas y la alcaidía de mujeres de la policía provincial, el edificio de la antigua Legislatura, la Central de Policía de la provincia, el conocido como “La Marquesita” y el propio RIM 22. Se inició el 7 de noviembre de 2011 y concluyó en octubre de 2013. Se condenó a prisión perpetua a Jorge Olivera y a 25 años a Gustavo Ramón De Marchi.
La Megacausa II se inició en marzo de 2017, cuando ya habían logrado recapturar a Olivera y De Marchi que se habían fugado quince días después de haber sido condenados en 2013, cuando habían pedido el traslado por razones de salud al Hospital Militar de Buenos Aires, de donde se fugaron con la ayuda de Marta Ravasi, esposa de Olivera.
Esta megacausa comprendió los delitos cometidos contra algo más de doscientas víctimas de la represión de la dictadura en San Juan, crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del el área militar 332, que tenía su jefatura en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM22). La sentencia dictó prisión perpetua para Jorge Olivera y para Gustavo Ramón De Marchi.
La Megacausa III comenzó en junio de 2019 y concluyó en septiembre de 2023. Las imputaciones fueron por homicidio doblemente agravado, tormentos agravados por la condición de los detenidos políticos, privación ilegítima de la libertad agravada por medio de violencia o amenazas, abuso sexual agravado y robo.
Jorge Olivera fue condenado a prisión perpetua y De Marchi primero condenado a 25 años, luego liberado por incapacidad física y mental, con retroactividad a las dos causas anteriores.