Tribunales ya palpita las esquirlas que dejará la marcha contra la Corte Suprema del 1-F

Las sutilezas que requiere una relación cuanto menos cordial con ciertos actores del mundo judicial no fueron nunca un punto fuerte del gobierno de Alberto Fernández. Quizás por eso es que terminaron mezclados en una convocatoria tuitera que exigía la renuncia o la expulsión de los integrantes de la Corte, comandada por un juez nacional y que luego fue sumando adeptos, algunos de los cuales integran el Frente de Todos aunque no estén en lugares de toma de decisiones.

Los distintos grupos de whatsapp que integran jueces y funcionarios de acuerdo a su afinidad podrían dividirse en dos grandes grupos: los cercanos a la lista Bordó, siempre más conservadora y los que orbitan la lista Celeste, una rama más progresista y con algunos puntos de contacto con el kirchnerismo. Los conservadores lanzaron críticas y hasta ironizaron con que la marcha la convoque un juez: “la Corte es tan feroz que un magistrado desde adentro organiza una movilización en su contra y no pasa nada”. Dentro del mundo más progresista hay quienes optaron por el silencio y otros que decidieron compartir alguna de las consignas de manera lavada, sin confirmar asistencia, más allá de un comunicado que lanzó “Justicia Legítima”, cuyos integrantes están ahora más afuera que adentro del sistema judicial.

La marcha que se realizará este martes frente al Palacio de Tribunales tendrá oradores, convocatoria y un mensaje que ahora excede el “que se vayan todos” judicial y se expande hacia el lawfare. El timing de la convocatoria también es una de las cosas que dentro de la coalición gobernante miran de reojo. El dilema es claro: nadie puede desconocer la manifestación (ni salir en una especie de defensa a la Corte como hizo la oposición) pero tampoco pueden subirse a una convocatoria que no tiene ningún fin práctico. Las comparaciones son odiosas pero muchos tribunalicios recordaban que en mayo de 2017, una multitud protestó contra la Corte por el fallo que benefició a un represor aplicando la figura del 2x1. En ese momento, se exigió que no se utilizara más esa figura. Un año después, el Máximo Tribunal corrigió su postura.

Al contrario de hace casi cinco años, cuando la manifestación los sorprendió, en el cuarto piso de Talcahuano 550 miran sin demasiada preocupación lo que sucede, con la certeza de que tienen todo para ganar. Es imposible que el Gobierno fuerce un juicio político para los cuatro integrantes de la Corte Suprema (por más desacuerdo que tengan con sus fallos) por dos motivos muy simples: no están los argumentos que lo sustenten y fundamentalmente no están los números. Justamente ese último punto es el que le impide al oficialismo nombrar a un procurador de forma definitiva y tampoco le permite avanzar siquiera con la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco en noviembre en la Corte.

Mientras tanto, las políticos opositores juegan al apoyo a los supremos, a pesar de haberlos criticado en más de una oportunidad: Horacio Rosatti junto a Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti eran hasta hace dos años “la mayoría peronista” que impedía los avances que en ese momento quería implementar el presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz. Cambia, todo cambia: Rosatti preside ahora el Máximo Tribunal y tendrá ese mismo rol en el Consejo de la Magistratura tras el fallo donde se “auto-empoderó”. Para gran parte de la oposición, el santafesino es ahora un sinónimo de institucionalidad.

Que el Consejo esté al borde del abismo (con la complicación real de no llegar a ser 20 para el 16 de abril como ordenó la Corte) con la posibilidad de un shutdown de todas sus actividades es en gran parte responsabilidad del Máximo Tribunal pero también del Gobierno, que se enteró del fallo apenas unos días antes de que saliera y por los medios. Tuvo que apurar un proyecto de reforma que no logró atenuar el fallo y que fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias tras un pedido explícito del presidente del Consejo. 

No obstante, quienes consideran que la manifestación puede tener algún efecto real vieron en las palabras de Cristina Fernández de Kirchner una especie de aval. “Los golpes no se hacen con militares sino con jueces”, dijo la actual vicepresidenta de la Nación durante su charla en Honduras. ¿Hubo en Argentina algo así? Quizás si la marcha hubiera sido frente a los tribunales de Comodoro Py, la crítica institucionalista de la oposición hubiera quedado desdibujada. Incluso dentro de Tribunales reconocen la grieta que hay entre los jueces cercanos al palacio y los federales, que a su vez se ven “partidos” entre las formas que tienen los de instrucción con los manejos que hacen en la Cámara Federal y en algunas sala de Casación.

Al fin y al cabo, reflexionan en Tribunales, el gobierno de Alberto Fernández no pudo establecer un canal de diálogo cordial en ningún momento con los sectores judiciales, a pesar del cambio de Marcela Losardo a Martín Soria. No pudo tampoco imponer ninguno de los proyectos (que fueron criticados por distintos aspectos en cuanto a su aplicación incluso por sectores progresistas) pero tampoco impulsó alguna reforma de esas que no generan mayores resistencias en lo social, como lo son poner plazos a la duración de los procesos. Ocupado en otros flancos, la movilización del martes 1° de febrero vuelve a poner evidencia como cierto sector de la coalición le “marca la cancha” en un tema donde el presidente no ha cosechado ningún éxito.