Marcela Losardo oficializó su salida del Ministerio de Justicia. Es la tercera en abandonar el gabinete de ministros, pero la primera de esta nómina que aceptó un cargo tras su salida: asumirá en la embajada de Argentina ante la Unesco. Nadie puede negar que su desvinculación fue, cuando menos, desprolija. Primero rumores, nunca desmentidos. Luego el propio presidente comunicando la decisión de aceptar la dimisión en un programa televisivo.

Pero las cartas ya están echadas. Y la ministra pasó a la historia. La lupa está puesta ahora en los reemplazantes. Pero no tanto en los nombres, o los lazos políticos, sino en el perfil que el Gobierno de Alberto Fernández disponga para esta cartera clave.

Ese perfil trazará la línea política judicial de, al menos, el 2021. Y será relevante no sólo porque marcará la relación entre Casa Rosada y los tribunales de Comodoro Py, sino también el vínculo entre el Ejecutivo y el resto de los fueros. En particular, con el Contencioso Administrativo Federal, apodado como el “fuero de la gobernabilidad”, por ser el que analiza los recursos y causas en contra de decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

La agenda judicial del Gobierno se redujo en 2020, a dos cuestiones principales. Por un lado, las truncas reformas promovidas por Fernández. Y también por las sucesivas críticas de Cristina Fernández de Kirchner hacia la Corte Suprema y todo el ámbito judicial, en particular hacia los actores involucrados en causas que la investigan. Críticas a las que el presidente se adhirió en la apertura de sesiones ordinarias del pasado 1 de marzo.

Esas dos cuestiones y las prioridades que asigne el Gobierno a la agenda judicial será entonces lo que determine al sucesor o sucesora de Losardo. ¿El Presidente buscará a alguien que pueda sentarse a negociar con jueces y fiscales en, por ejemplo, la reforma del sistema judicial, o se encarará hacia un lado de confrontación llevando adelante procesos en el Consejo de la Magistratura?

Uno de los mencionados por Fernández para reemplazar a Losardo es el diputado nacional Ramiro Gutiérrez. En 2013 se fue al Frente Renovador de Sergio Massa y desde ahí se convirtió en los principales referentes judiciales de este espacio. Integró los equipos técnicos que redactaron el proyecto de Código Penal massista, fue miembro del Consejo de la Magistratura bonaerense y vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia. Martín Soria (hijo del exgobernador Carlos Soria), en parte, viene de gobernador 8 años la municipalidad rionegrina de General Roca y preside el PJ de esa provincia. Con vínculos más aceitados con el kirchnerismo, el actual diputado nacional trascendió en los medios las últimas semanas por impulsar una investigación contra el presidente de la Cámara de Casación Federal, Gustavo Hornos, por las seis visitas que éste protagonizó a la Casa Rosada durante el mandato de Mauricio Macri. Está claro quién representa cada perfil. Aunque la lista de reemplazante suma varios apellidos más

Losardo llegó al cargo por la relación de confianza que mantenía con Fernández. Pero también por ser identificada como alguién del “establishment” judicial. No obstante, en el Gobierno sostienen que la ministra saliente no logró afinar el vínculo con los principales actores del Poder Judicial. Una crítica que se escuchaba con frecuencia dice que el Presidente se enteraba de los fallos de la Corte Suprema de los medios, evidenciado la falta de diálogo entre un poder y el otro.

Uno de los principales cortocircuitos que enfrentó a Losardo con la Justicia ocurrió hace apenas tres semanas, cuando la Anses cursó jubilaciones a más de 200 jueces y fiscales de todo el país.No es sencilla la tarea que enfrenterá el que asuma al frente de este ministerio.