Continúan las repercusiones por la ley de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que permite al Tribunal Superior de Justicia de la CABA revisar las sentencias de la Justicia Nacional, como tribunal de alzada.

El ministro de Justicia, Marín Soria, recibió a las autoridades de la Cámara Nacional en lo Civil, quienes expresaron su preocupación por los efectos y consecuencias de la nueva normativa, que aún no fue oficializada en el boletín oficial local. Soria se había reunido horas antes con una de las listas de la Asociación de Magistrados.

“Me parece fundamental conocer de primera mano las opiniones de quienes mejor conocen las consecuencias de esta absurda ley. Los jueces saben mejor que nadie que este intento de la Legislatura porteña no sólo afecta a los porteños, que tendrán una nueva demora en sus causas judiciales, sino que además afecta los derechos de todos los argentinos a lo largo y ancho del país”, afirmó el titular de la cartera de Justicia tras los encuentros.

La normativa sigue sumando pronunciamientos en contra. Tras la sanción, varios tribunales nacionales fijaron postura a través de acordadas, mientras que la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales, la Asociación de magistrados, el Colegio de Abogados de la Capital Federal y las asociaciones gremiales decidieron pronunciarse en contra mediante comunicados.

El rechazo también llegó al plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación por un pedido el camarista Alberto Lugones, quien solicitó que el cuerpo se expida urgente sobre el tema. “Se afecta la supremacía de la Constitución”, expresó el juez de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

Los diferentes fueros nacionales son coincidentes y afirman que la reforma es inconstitucional, pero también consideran que son los ministros de la Corte Suprema de Justicia los que deben pronunciarse y “poner fin a la discusión”.