El diputado del Frente de Todos, Facundo Moyano, será el encargado de llevar el reclamo de la CGT por ganancias al Congreso. Ya en 2017, el por entonces legislador del Frente Renovador, había presentado un proyecto similar al que aspiran presentar nuevamente. El objetivo de máxima es presentarlo este mismo viernes, aunque estiman que lo más probable es que sea el lunes. 

Ese mismo día, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, autor del proyecto que impulsa el Gobierno nacional, se reunirá con Moyano, un grupo de diputados de extracto sindical del bloque oficialista y representantes de la CGT. 

En concreto, el proyecto que impulsan las centrales de trabajadores busca eximir de ganancias al aguinaldo y las distintas modalidades de horas extras. Las horas suplementarias, los adicionales por horas nocturnas, los feriados obligatorios y días no laborables trabajados, adicionales por productividad, eficiencia, zona, desarraigo, realización de trabajos penosos, peligrosos o insalubres. 

En este punto, la diferencia clave con el proyecto del presidente de Diputados en las cargas de familia: doble deducción por hogar monoparental y se agrega la figura de concubino. Además, incorpora algo que reclama la oposición. El proyecto de Moyano apunta a que todo quede sujeto a una actualización por el índice ripte y la inflación del Indec. Para que no entren más trabajadores al pago de ganancias se propone que todas las escalas estén incluidas en la actualización y no solo el mínimo no imponible.

Con la inclusión de este jueves en el temario de extraordinarias, el oficialismo acelera los motores para comenzar el tratamiento del proyecto. La idea del Frente de Todos es poder comenzar un debate en comisión la semana próxima aunque no podrán dictaminar por cuestiones reglamentarias. Las comisiones pueden emitir despachos solo 10 días antes del vencimiento de las sesiones, en este caso, las extraordinarias vencen el 1 de marzo. La intención es comenzar el tratamiento para ganar tiempo y poder sancionar una vez iniciado el próximo periodo ordinario.

Lo que pedirá la oposición

Los bloques de la oposición aceleraron el análisis del articulado y preparan un paquete de modificaciones que presentarán en la discusión del proyecto. Tanto Juntos por el Cambio como los bloques federales apoyan en general la iniciativa pero plantean diferencias en algunos puntos particulares. 

En la bancada mayoritaria de la oposición, trabajan en la inclusión de autónomos. “La discriminación que se hace es muy grosera”, afirman. Además, quieren discutir el caso de aquellos asalariados que superan los $150.000 del mínimo que propone el proyecto oficialista. Para Juntos por el Cambio, el texto faculta al ejecutivo de forma genérica. “El salto es muy abrupto y no queda claro como se establece”, argumentaron a Data Clave fuentes del bloque. 

La coalición opositora apunta a la técnica legislativa de la redacción y aseguran que “debería tener mayor precisión”. Además, pedirán que la actualización sea semestral y que sea tenga en cuenta el IPC en lugar del Ripte.

Otro de los puntos que van a llevar al debate en comisión, y que también coincide con un reclamo de los bloques federales. En las bancas de la oposición, quieren lograr que las jubilaciones esten exceptuadas del pago de ganancias tal cual lo dictó la justicia. Tanto diputados del macrismo como de los bloques del centro de la grieta citan como antecedente a tener en cuenta un fallo de la Corte Suprema de 2019. 

En octubre de ese año, el máximo tribunal de justicia dictaminó como inconstitucional el pago de ganancias en las jubilaciones. En esa oportunidad, lo que hizo la Corte fue dejar firme la sentencia de la Sala 2 de la Cámara de la Seguridad Social del caso Carderale sin ingresar a la discusión del tema.

En Consenso Federal, coinciden con este punto de las jubilaciones y con el reclamo de los autónomos. Pero además, llevarán una modificación que los diferencia. Quieren que aquellos sectores pymes que incorporen empleo formal tengan algún beneficio en el impuesto, puntualmente una exención de tres años. Señalan la importancia “de reactivar la generación de empleo” en el sector productivo.