Secuestro de dos teléfonos podría develar acuerdos previos entre funcionarios y diputados que visitaron a genocidas
El lunes el director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Julián Martínez, se presentó a declarar en una causa que se le sigue al ex Secretario de Seguridad Interior Vicente Ventura Barreiro por presunta corrupción. Por su declaración, el juez creyó oportuno secuestrar sus dos aparatos de teléfono con el fin de chequear el intercambio entre Martínez y Barreiro. La medida pone en jaque otros intercambios de mensajes: los Martínez con la Ministra Patricia Bullrich y con los diputados de LLA que en dos oportunidades visitaron a los genocidas presos en los penales de Campo de Mayo y Ezeiza.
La visita de los seis diputados de la Libertad Avanza al penal de Ezeiza sigue generando complicaciones impensadas para diversos actores que, desde marzo de 2024, confabularon para lograr la libertad de los criminales presos por delitos de lesa humanidad.
La primera reunión en la sede de la Fundación San Elías, que dirige el sacerdote Javier Olivera Ravasi, fue el 14 de marzo. Según los chats de los grupos de Whatsapp que también armó el cura, de esa cena informal participaron diputados de La Libertad Avanza, el dueño de casa y su madre, Marta Ravasi, y abogados, ex jueces y una jueza en funciones, tal como mostró en primicia este portal.
Un día antes de esa primera reunión, el 13, se publicó en el Boletín Oficial la designación de Fernando Julián Martínez y de Diego Morel, con cargos "ad honorem", como Director y Subdirector, respectivamente, del Servicio Penitenciario Nacional. Reemplazaron desde ese día a Eduardo Velarde y a José Luis Guarino, nombrados por el gobierno anterior.
El cambio de personal fue consecuencia de la crisis narco en Rosario que causó cuatro muertes en una semana, en una feroz puja contra el Gobierno por los estrictos controles en las cárceles: los penales de Ezeiza y Marcos Paz, donde están alojados los máximos capos de la ciudad santafesina como “Guille” Cantero y Esteban Lindor Alvarado. Unas semanas antes, durante una requisa a gran escala en Ezeiza se encontró en la celda del narco Sergio “Verdura” Rodríguez una lista con nombres de policías. También, se encontró un chip en la celda de un traficante rosarino de segunda línea.
Martínez es un oficial retirado que ocupó ese mismo puesto durante 31 años hasta mayo del 2020, y que con la nueva administración bulrrichista volvió al ruedo. Precisamente, en el momento de la designación, Patricia Bullrich dijo: “son personas que vienen a cumplir nuestra filosofía. Nosotros queremos que todos los presos trabajen en las cárceles, que haya orden y que los penales sean lugares de rehabilitación, y que ningún interno pueda tener contacto ni siga siendo jefe de ninguna banda”, detalló.
También sostuvo Bullrich, por entonces, que "El Ministerio de Seguridad trabaja junto al Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM), para avanzar en la implementación de inhibidores dentro de los penales federales. Es una tarea conjunta con el Servicio Penitenciario Federal."
En el chat de Whatsapp que armó el cura Olivera Ravasi con el título "Cena Informal con el Padre Javier", el diputado Beltrán Benedit escribió: "Acabo de tener una muy buena charla con Fernando Martínez, el director del SPF. Asumió hace dos días y me causó muy buena impresión. Nos facilitará el ingreso a los penales el viernes."
En la línea siguiente escribió el Padre Olivera Ravasi: "El dip. Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse (...) se les facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado."
Que Martinez tiene una buena relación con Patricia Bullrich, no hay dudas. Tan es así que hace unos días el hombre del Servicio Penitenciario sostuvo que "Si ella se va, yo me voy con ella". En el chat quedó claro, además, que ambos -Martínez y Bullrich- tuvieron un vínculo directo con el diputado Benedit y que los dos se comprometieron a facilitar la visita de los diputados a los genocidas, algo que en estas horas la Ministra dijo ignorar.
Es llamativo, además, que Martínez asumió el cargo para reemplazar al funcionario anterior, cuestionado por los laxos controles en el Penal de Ezeiza, donde encontraron chips telefónicos, y a días de asumir dejó entrar a diputados sin ningún tipo de requisa ni control, para tomarse fotos, intercambiar documentos, y merendar en compañía de los mayores criminales de la historia argentina.
Una causa no prevista que puede develar el revés de la trama
En junio y por la interna entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich, una de las fichas en juego fue la del secretario de seguridad interior Vicente Ventura Barreiro.
No solo le pidieron la renuncia, sino que el Ministerio lo denunció ante la Oficina Anticorrupción por un supuesto negociado con las viandas de comida cruda y cocida que diferentes empresas proveen al Servicio Penitenciario Federal.
Barreiro era quien secundaba a Bullrich al frente del Ministerio y, antes de desembarcar en el Ejecutivo, había pasado por la administración de la exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal.
Durante la gestión de Vidal ocupó el cargo de subsecretario de Planificación, Gestión y Evaluación del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, desde donde secundaba a Cristian Ritondo. También formó parte de la campaña del propio Ritondo a la gobernación bonaerense, que luego el actual legislador declinó para integrar el equipo de Bullrich.
Vicente Ventura Barreiro fue también acusado por delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tortura, lesiones graves y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos por ser responsables del operativo de seguridad que derivó en la brutal represión afuera del Congreso mientras el Senado debatía la Ley Bases.
Con el despido y la denuncia, se inició una causa contra Barreiro, y en la misma tuvo que declarar Fernando Julián Martínez.
Allí se explayó contando algunos encuentros con Barreiro y una supuesta extorsión para el aval de la compra de viandas de comida a determinadas empresas.
En la declaración Martínez dejó expresada su clara fidelidad a Patricia Bullrich, diciendo que si ella se iba, él se iba con ella. Para demostrar el intercambio con el denunciado Barreiro, Martínez mostró su cuenta de Whatsapp no solo de un teléfono, sino de dos.
Y la sorpresa fue al final de la declaración, cuando dejaron asentado que le secuestrarían los dos aparatos en ese mismo momento. Martínez tuvo que encenderlos, mostrar su clave de acceso, y dejarlos a disposición de la Justicia.
La decisión judicial puso nervioso a todo el Ministerio de Seguridad ya que en esos dos teléfonos podría aparecer el intercambio entre Martínez, como jefe del SPF, donde se constate que hubo apoyo, organización y logística para que los diputados de LLA visiten a los criminales de lesa humanidad alojados en Ezeiza y Campo de Mayo.
El lunes 12 de agosto y en el marco de la causa que se le sigue a Barreiro, tuvo que declarar el Jefe del Servicio Penitenciario Federal Fernando Julián Martínez.
Frente al juez detalló el intercambio de conversaciones personales y telefónicas -vía whatsapp- que durante un par de meses tuvo con el ahora procesado, para contar las supuestas presiones que había tenido de parte de éste. Martínez detalló en su declaración como era el proceso de contratación de diversas empresas de alimentos crudos y cocidos que forman parte del menú de presos y presidiarios por igual, y como el acusado habría intentado presionarlo para sostener algunos "beneficios" fuera de lo legal en esas contrataciones.
Algunas de esas conversaciones entre Barreiro y Martínez fueron presenciales. Otras telefónicas. Entonces sucedió lo imprevisto: el juez secuestró los dos aparatos de telefonía celular del Director del Servicio Penitenciario, a quien además le requirió la clave de acceso.
En el Ministerio de Seguridad cunde la preocupación por este imprevisto. El contenido de esos dos teléfonos puede dejar al descubierto un sinfín de mensajes y contactos que podrían demostrar la connivencia de algunos funcionarios con aquellos que, durante meses y en la casona de la calle Montevideo, urdieron un plan en pos de la libertad de los genocidas.