La designación de Martín Soria al frente del Ministerio de Justicia, en reemplazo de Marcela Rosardo, llevó a que se interpretara que la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner pasa a tener una mayor injerencia en el Poder Ejecutivo en disputa con su titular, Alberto Fernández.  Pero esta interpretación no se condice con la realidad que se respira en la Casa Rosada.

Quienes creen que el Gobierno se está “cristinizando” sostienen que Soria es un activo combatiente contra el lawfare, es decir un guerrero de la principal batalla que lleva adelante la señora de Kirchner. Y recuerdan que Losardo era, históricamente, una de las más estrechas colaboradoras del presidente Fernández.

Soria se ocupará de batallar afirmando que la Justicia y la oposición vienen persiguiendo a Cristina que, por supuesto, es inocente. Enfatizará mucho en la pelea mediática que es donde probablemente tenga más resultados positivos que en los tribunales.

Sin embargo, desde esta columna se viene insistiendo en que en ningún momento se pudo detectar una intención cierta del primer mandatario de pelearse con su vicepresidente. Ya lo dijo Alberto Fernández hacia mediados de 2019, en plena, campaña:"¡Están todos muy preocupados por cómo me voy a llevar con Cristina! Nunca más me voy a pelear con Cristina”.

Desde que es presidente esta postura no cambió: “¡No me van a hacer pelear nunca con Cristina!”. “El que imaginó que iba a romper con Cristina no me conoce. Tengo diferencias con Cristina. Tenemos miradas distintas en algunas cosas. ¡Pero yo acá llegué con Cristina y me voy con Cristina!" afirmó el 8 de marzo de este año. Y nadie puede negar que Alberto viene cumpliendo con su palabra.

Cierto es que una buena parte de la sociedad, los sectores más moderados, quieren ver al presidente como un hombre de centro, alejado de los extremos del kirchnerismo.

Las encuestas muestran que por esta razón ganó las elecciones. Y también las mediciones de opinión cuando, al comienzo de la pandemia, la gente ponderó favorablemente el acercamiento del presidente al (opositor) primer mandatario de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, para, junto con Axel Kicillof, encabezar la lucha contra la pandemia.

El presidente armó el gabinete nacional, él los eligió y Cristina aceptó hasta dos miembros a los cuales no les guarda precisamente cariño: Vilma Ibarra y Matías Kulfas.

A ambos, dicen, no les perdona las duras críticas sobre su gestión vertidas en dos libros: “Cristina, el ocaso del relato", de Ibarra y “Los Tres Kirchnerismos” donde Kulfas cuestiona en particular los errores en política económica, critica que cae además en uno de los colaboradores que más aprecia Cristina, Axel Kicillof. 

La realidad es que, durante los primeros meses del gobierno de Alberto, la vicepresidente se mantuvo en buena medida al margen. No concurrió a la Casa Rosada, ni siquiera pidió que se acondicione un despacho y casi no formuló declaraciones.

Cabe recordar, por ejemplo, que los más cercanos a la vicepresidente señalan que ella nunca estuvo de acuerdo con la larga cuarentena, aunque no lo hizo público.

Es más, en ese momento cuestionó severamente la desorganización para el pago de haberes a jubilados, episodio que le costó el puesto sólo a Alejandro Vanoli (al frente de la Anses), cuando la responsabilidad era compartida con uno de los amigos más preciados de Alberto, Miguel Angel Pesce, el presidente del Banco Central.

Recién sobre fin de año Cristina comenzó a levantar la voz. El primero y más fuerte pronunciamiento fue en octubre pasado cuando dio a conocer una carta en la que afirmó que hay "funcionarios o funcionarias que no funcionan".

La primera cabeza que rodó fue la de la titular del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, cuestionada por falta de ejecución en su cartera. Le siguió Sergio Lanziani que fuera reemplazado por Darío Martínez al frente de la Secretaría de Energía.

“Cristina dejó hacer a Alberto y cuando llegó el momento de reemplazar a aquellos funcionarios sin duda que pesaron las sugerencias de la vicepresidenta”, admiten en la Rosada. Esto puede llevar a pensar que Alberto cede al avance de la vicepresidenta y de la Campora.

“Alberto acepta los consejos de su principal aliada y socia”, sostenían en el entorno presidencial. “Es que ambos tienen un objetivo común: no fracasar y poder seguir gobernando por mucho tiempo”, explicaba un colaborador estrecho del presidente.

Es de suponer entonces que los cambios ministeriales continuarán con esta lógica, lo que funciona se deja lo que no, se cambia. En este sentido, algunos en los pasillos de la Casa Rosada miran a la ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, al ministro de Producción, Matías Kulfas y al “super ministro” Martín Guzmán.

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y hombre de confianza de Cristina, se ocupa permanentemente de señalar los errores de la cartera que comanda Frederic y no tiene problema alguno en hacerlo público .

Las críticas a Matías Kulfas desde el Instituto Patria son constantes. Le reclaman que tiene una mirada permisiva con las empresas y por eso “los precios suben”. En la visión particular del kirchnerismo respecto a que la inflación es culpa de por los grandes productores o dueños de empresas de sectores concentrados.

Guzmán también está teniendo discrepancias con la mirada de la vicepresidente en particular con el tema tarifario. Cabe recordar que Guzmán insiste en ajustar tarifas en función de la inflación presupuestada (29%) y desde el kirchnerismo se aspira a un incremento menor a dos dígitos. Estas diferencias quedaron plasmadas en las recientes audiencias públicas.

Contradicciones

“El Gobierno pone el giro a la derecha y dobla a la izquierda”, señaló a Data Clave un empresario al referirse al discurso y la realidad que presenta el país en materia de inversiones.

El martes pasado, el presidente Alberto Fernández encabezó, desde la residencia de Olivos, una videoconferencia con 18 fondos para presentarles las oportunidades de inversión que ofrece la Argentina. Unas pocas horas más tarde se conoció que la Secretaría de Comercio Interior pedirá información a las grandes empresas sobre precios, cantidades vendidas y stocks en lo que los dirigentes patronales interpretaron como un nuevo avance del Estado sobre el sector privado.

Todo esto en momentos en que los empresarios deben enfrentar el pago del impuesto a la riqueza. Según dijo a este medio un importante contador “la mayor parte de mis clientes va a pagar, algunos, diría un 20%, están pensando en litigar y otros dudan, pero hay hasta estímulos ocultos para cumplir: algunos temen que se difundan sus nombres y puedan ser víctima de un secuestro”. Como frutilla del postre, el Gobierno propuso al Congreso elevar la tasa del impuesto a las Ganancias de las principales empresas.

Desde el exterior se devuelve una mala imagen de la Argentina. Se acaba de conocer un informe de The Economist Intelligence Unit que advierte sobre los riesgos del populismo en América Latina y particularmente en la Argentina, ubicándola entre los países más complicados junto con Venezuela Nicaragua, Haití, Bolivia, Cuba y Honduras.

El informe considera como “Muy alta” la probabilidad de que fracase el país en la corrección de los desequilibrios macroeconómicos y que esto produzca una pronunciada corrección del tipo de cambio y de la inflación. Al tiempo, evalúa como “Alta” la posibilidad que el Gobierno nacionalice negocios estratégicos.

Los países vecinos, y particularmente Uruguay, parecen ser los beneficiarios de esta historia. Datos de organismos oficiales del vecino país muestran el gran interés de inversores argentinos por cruzar el rio, al punto que se multiplicaron por 4 las consultas y crecieron 3 veces los procesos iniciados para emprendimientos de tecnología.

Otra manera de verlo: las residencias fiscales extendidas a ciudadanos argentinos se triplicaron: aumentaron de 207, en 2019, a 641 el año pasado.