El supuesto contrabando de armamento a Bolivia durante el golpe de estado a Evo Morales; la causa por la quiebra del Correo Argentino; el expediente por el Memorándum con Irán son algunos de los procesos judiciales que se espera que tengan novedades, además de la lógica importancia que tendrán los juzgados federales electorales durante los próximos cinco meses.

Esta vez, la estrella de la feria judicial no surgió desde Comodoro Py sino que estuvo concentrada en el fuero Penal Económico, lugar donde recayó la denuncia por el supuesto contrabando de armamento a Bolivia. En estas dos semanas, la recolección de los documentos fue el eje principal de la causa mientras los imputados fueron presentandose junto con sus abogados ante el juzgado que dirige Javier Lopez Biscayart.

El análisis de la documentación y cómo se llevó adelante el operativo que terminó con las postas antitumultos en un depósito de la policía boliviana es central. También, el motivo por el cual se prorrogó dos veces la decisión de mantener lo que se había enviado a Bolivia y por qué recién en julio de 2020 se dio de baja el material pero bajo la excusa de que había sido usado en “entrenamientos”.

Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el ex director general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde son algunos de los imputados en el expediente. La hipótesis del contrabando que postuló el Gobierno en su denuncia debe consolidarse a través de distintos elementos que lo comprueben: los documentos son esenciales para revelar si hubo irregularidades o falsedades pero también resulta fundamental seguir el camino administrativo y de responsabilidades con respecto a quiénes dieron la orden y en qué términos.

En ese sentido, la incorporación como imputado del comandante de la Gendarmería Nacional Argentina Adolfo Héctor Caliba apuntó a esa dirección. El fiscal Claudio Navas Rial recordó que Caliba estuvo en el aeropuerto del Alto, en La Paz, y que se encargó de “las tareas de recepción del personal de Gendarmería y de los armamentos y municiones aparentemente enviados”.

Con todo el documental para analizar, el que picó en punta dentro de los imputados fue Mauricio Macri, que rápidamente intentó frenar el sumario administrativo interno que se lleva adelante dentro del Ministerio de Seguridad. El juez le dijo que no tenía competencia como para hacerlo (¿cómo se justificaría esa intromisión en la actividad de otro poder del Estado) y se negó a darle la apelación ya que no es una cuestión que deba resolverse en ese ámbito. Primer traspié aunque la carrera es larga.

Memorándum: se define la realización o no del juicio

Luego de una explosiva audiencia donde Cristina Fernández de Kirchner sustentó su pedido de nulidad sobre todo lo que hicieron Gustavo Hornos y Mariano Borinsky en la causa. El Tribunal Oral Federal 8 definió que este miércoles 4 de agosto se escuche al resto de los involucrados en el expediente.

Después de cumplir con ello, la jueza Gabriela López Iñíguez y los magistrados José Michilini y Daniel Obligado deberán definir si declaran o no la nulidad de las actuaciones que tuvieron sus colegas de Casación y todo lo que implicó su decisión, lo que haría caer el debate. Las querellas que representan a la DAIA y a dos familiares del atentado a la AMIA se opone, por lo que seguramente cualquier decisión que se tome sea llevada a Casación, donde no intervendrán ya Borinsky y Hornos sino otra sala de ese tribunal.

Correo Argentino: a la espera del fallo de la Cámara

Las juezas María Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, integrantes de la sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, son las que deberán definir el futuro de Correo Argentino S.A. Hace algunas semanas, la jueza Marta Cirulli había decretado la quiebra de la compañía pero ante la apelación, se suspendió ese fallo hasta que haya una decisión de fondo.

Macri había sido bastante crítico con Cirulli y con las juezas de Cámara el día antes de que se conociera el fallo donde se determinó la quiebra. Además, los representantes legales del Correo S.A  tuvieron su momento de tensión cuando intentaron pasar por arriba de las decisiones de la Cámara Comercial y llevar el expediente a la justicia porteña.

"La pretensión del Tribunal de Justicia de la Ciudad de erigirse en alzada de esta Sala, habilitando un recurso no previsto por el ordenamiento que rige nuestros procedimientos, carece de fundamento normativo y no puede ser avalada por este tribunal, en tanto importa un apartamiento del principio de Juez natural consagrado por la Carta Magna en su art. 18" habían dicho las juezas en el momento que frenaron las pretensiones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y del grupo SOCMA.

En un expediente que lleva más de 20 años y que es récord dentro del fuero comercial, no está claro cuánto demorará esa revisión que deben hacer las juezas sobre el fallo que decretó la quiebra aunque en tribunales especulaban con la posibilidad de que la decisión se tome antes de fin de año. 

Todas las causas estarán atravesadas por la famosa situación del año impar: en años electorales, la actividad judicial suele disminuir cuanto más cerca están las elecciones. A esto se le suma la situación pandémica con un agregado: este año debería definirse también quién será el presidente de la Corte Suprema. Hace varias semanas que corren rumores que luego son desmentidos. ¿Podrá conservar su lugar (si es que le interesa) el actual presidente Carlos Rosenkrantz? ¿Se concretará la vuelta de Ricardo Lorenzetti o habrá algún tapado?