Todas las miradas están puestas en el debate parlamentario por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero fuera de la agenda económica y por lo bajo, los senadores de Juntos por el Cambio comenzaron a definir la postura que llevarán a la Cámara Alta sobre el proyecto del Consejo de la Magistratura.

El texto, impulsado por el Ejecutivo, ingresó en diciembre último y formó parte de las fallidas sesiones extraordinarias. En su discurso ante la Asamblea, el presidente Alberto Fernández solicitó al Congreso que "se generen los consensos necesarios" para avanzar con la reforma.

Desde el oficialismo reconocen que la tarea encomendada por el mandatario no será fácil. Durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri también se intentó una reforma, pero fracasó.

Los más optimistas apuestan a que la iniciativa avance más rápidamente por la presión impuesta por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la actual integración del organismo encargado de la selección y remoción de los jueces federales y nacionales. Dicho fallo instó al Congreso a que sancione una nueva norma en un “plazo razonable”.

En este complejo escenario, integrantes de Juntos por el Cambios participaron este jueves de una reunión virtual para definir y consensuar una postura. El encuentro tuvo como expositores al exministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari; el abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra y el exministro de Justicia, Germán Garavano.

El foco principal estuvo puesto en la participación –o no- del presidente de la Corte y el rol como titular en el Consejo de la Magistratura, tal como lo establecía la antigua ley 24.937. Desde la coalición opositora consideran que la presidencia debe quedar a cargo del Máximo Tribunal, pero no necesariamente en manos de su presidente, es decir, el ministro Horacio Rosatti.

La llegada de la Corte al Consejo no convence al oficialismo. Consideran que la inclusión de la Corte en el Consejo no respeta el espíritu de la reforma del 1994, que creó al organismo. “No se puede tener los pies en ambos platos”, comentan off the record.

En Juntos también estiman que debe ponerse fin a la discusión sobre los requisitos para ser consejero. En este sentido, el bloque opositor propondrá la quita de la obligatoriedad de ser abogado para los legisladores.

“Es un límite a la representación popular”, explicaron y recordaron el antecedente del ex senador Ruperto Godoy, quien fue desplazado como integrante en el Consejo de la Magistratura por no contar con el título.