La oposición consideró hoy acertado el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la ley del Congreso de 2006 que redujo los miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13, mientras juristas advirtieron sobre el "apuro" del máximo tribunal y lo que interpretaron como una intromisión en "competencias legislativas".

"Lo dijimos en 2006 y no nos equivocamos: el kirchnerismo estaba acomodando el Consejo de la Magistratura a sus necesidades. Quince años después lo confirma la Corte Suprema de Justicia. La Constitución genera un equilibrio que esa ley distorsionó. ¡La justicia demora pero llega!", publicó en su cuenta de Twitter la titular del PRO, Patricia Bullrich.

La Corte Suprema de Justicia declaró este jueves inconstitucional la ley del Congreso que redujo los miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 en 2006, encargó al Parlamento una nueva ley que lo regule y concedió un plazo de 120 días corridos para que se elijan a los nuevos miembros.

Por unanimidad, el máximo tribunal definió, 15 años después, que la composición no respeta el "equilibrio" de los sectores que seleccionan, sancionan y remueven magistrados, dispuso que el Congreso sancione una normativa que lo regule y que el Consejo vuelva a integrarse en 20 miembros si la la ley no se sanciona antes de los 120 días corridos.

"Es cierto que el fallo de la Corte Suprema sobre la integración del Consejo de la Magistratura llega muchos años tarde. Ahora bien, el Gobierno reacciona infantilmente al decir que quiere ampliar la Corte. No tiene dos tercios del Senado para imponer jueces en el alto tribunal", escribió por su parte el presidente del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri.

Por su parte, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, advirtió que "no se entiende" cuál es el apuro de la Corte Suprema en determinar un plazo de 120 días para que se designe a los nuevos miembros de ese organismo.

En declaraciones a Télam, Lugones insistió en que "no se entiende muy bien cuál es la razón que lleva a tal apuro" porque "están las vacaciones" por delante y la pandemia de coronavirus "de por medio".

El funcionario advirtió que si por el motivo que fuera "no se lograra poner en funcionamiento este cuerpo de 20 miembros, todos los actos dictados por el Consejo serían nulos", lo que además podría generar un "parate total de la Justicia" en materia de "servicios, salario, mantenimiento y funcionamiento".

A su vez, el jurista Raúl Gustavo Ferreyra, miembro del consejo consultivo que asesoró al presidente Alberto Fernández en el diseño del proyecto de reforma judicial, sostuvo hoy que "llama la atención" que la Corte Suprema "disponga un régimen de transición" para el Consejo de la Magistratura y que se arrogue "competencias legislativas" al ordenarle al Congreso que defina la nueva composición del cuerpo.

"La configuración del Consejo de la Magistratura, es decir, el dictado de la ley especial que determina su integración y las funciones de sus miembros, es una competencia exclusiva, excluyente, insuperable e indelegable del Congreso", sostuvo Ferreyra en declaraciones a Télam.

La vocera presidencial Gabriela Cerruti había considerado por la mañana que lo oportuno era debatir el nuevo proyecto para modificar el Consejo de la Magistratura que ingresó la semana última al Senado, y que propone elevar de 13 a 17 los miembros de ese organismo.

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, consideró como “acertado” el fallo, ya que "corrige el desbalanceo producido en el año 2006 en la cantidad de los integrantes del Consejo, que iba en contra del espíritu de la reforma de la Constitución Nacional de 1994”. 

"El fallo no hace otra cosa que reforzar la idea de República, alejando a la política de la Justicia. Porque sin Poder judicial independiente nunca podremos crecer como país, ni contar con instituciones serias, modernas y estables. Previsibles frente al mundo. Es un paso importante para que todos los argentinos volvamos a creer en nuestros jueces. Y que los buenos magistrados sean protegidos de las presiones externas y los malos sean apartados de sus funciones”, dijo el ministro.