El pasado jueves 20 de febrero de 2025, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad un proyecto del Poder Ejecutivo que introduce modificaciones significativas en el Código Penal y el Código Procesal Penal. Esta nueva legislación aborda conceptos clave como la reiterancia, la reincidencia, el concurso de delitos y la unificación de penas, con el objetivo de endurecer las medidas contra quienes cometen múltiples delitos y evitar la denominada "puerta giratoria" en el sistema judicial.

La votación en la Cámara Alta culminó con unanimidad, un resultado poco frecuente. Con 68 votos afirmativos y ningún voto en contra, la iniciativa impulsada por el Ejecutivo contó con el respaldo de todas las bancadas, incluidas las de Unión por la Patria. La sesión, que se extendió por más de cinco horas, estuvo marcada por discursos en los que oficialismo y oposición coincidieron en la necesidad de reformar la normativa vigente para evitar que personas con múltiples procesos abiertos continúen en libertad. Sin embargo, algunos senadores advirtieron sobre el riesgo de "criminalizar preventivamente" a ciudadanos sin condena firme.

Reiterancia y prisión preventiva: el impacto de la nueva ley aprobada en el Congreso

La reiterancia se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta dos o más imputaciones penales en distintos procesos simultáneamente, sin que existan condenas firmes en ninguno de ellos. Con la nueva ley, esta condición se convierte en una causal para la aplicación de la prisión preventiva. Esto significa que individuos con múltiples causas penales abiertas podrán ser detenidos preventivamente, incluso si aún no han sido condenados. Esta medida busca prevenir que personas con múltiples imputaciones continúen delinquiendo mientras esperan el juicio.

En cuanto a la reincidencia, la legislación establece que se considerará reincidente a cualquier persona que haya sido condenada en dos o más ocasiones a penas privativas de la libertad, siempre y cuando al menos una de esas condenas esté firme. Anteriormente, para que una condena se considerara antecedente de reincidencia, era necesario que el individuo hubiera cumplido parte de la pena en prisión. Con la nueva normativa, incluso las condenas de ejecución condicional serán tomadas en cuenta, lo que implica un endurecimiento en la consideración de antecedentes penales.

El proyecto, presentado en abril de 2024 por los ministerios de Seguridad y Justicia, fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias por el presidente Javier Milei. La iniciativa busca cerrar lagunas legales que permitían a individuos cometer múltiples delitos mientras sus causas penales estaban en trámite, sin que esto afectara su situación procesal. Según los considerandos de la ley, la reiteración de delitos demuestra un "desprecio sistemático por las prohibiciones legales", justificando así medidas más severas para quienes incurren en conductas delictivas persistentes.

A pesar de su aprobación unánime, la ley fue objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que la incorporación de la reiterancia como causal de prisión preventiva podría aumentar el número de personas detenidas sin condena firme, exacerbando el hacinamiento en las cárceles. Según el CELS, actualmente el 42% de las personas en cárceles federales no tienen condena, y esta proporción podría incrementarse con la nueva normativa. Además, expresaron preocupación por la posibilidad de que la ley sea utilizada para criminalizar la protesta social, permitiendo la detención preventiva de manifestantes con causas abiertas.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura también se pronunció en contra de la ley, señalando que la noción de reiterancia es "amplia y confusa", ya que permite considerar a una persona como reiterante por el mero hecho de tener procesos penales en curso, lo que podría vulnerar el principio de inocencia consagrado en la Constitución Nacional. Además, alertaron que la aplicación extendida de la prisión preventiva podría agravar el hacinamiento en los centros de detención, una problemática que ya ha mostrado un incremento del 48,5% en la población carcelaria entre 2016 y 2023.

Otro aspecto relevante de la ley es la modificación en la unificación de penas. Con la nueva normativa, la pena resultante de múltiples condenas será la suma aritmética de las mismas, lo que representa un aumento en las penas de manera encubierta. Esta disposición fue criticada por expertos que consideran que podría conducir a penas desproporcionadas y contribuir al colapso del sistema penitenciario debido al aumento de la población carcelaria.

Con la sanción de esta ley, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar su aplicación en los próximos meses. Mientras tanto, se espera que diversos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de derechos humanos, el ámbito judicial y la comunidad académica, continúen el debate sobre los alcances y posibles implicaciones de esta normativa en el sistema de justicia penal argentino.