La reciente promoción de la criptomoneda $LIBRA por parte del presidente Javier Milei ha generado un intenso debate sobre la posible transgresión de la Ley de Ética Pública. Esta normativa, sancionada en 1999, establece que los funcionarios deben priorizar el interés público sobre el privado y evitar utilizar su posición para beneficiar productos o empresas privadas. La oposición sostiene que Milei infringió estos preceptos al difundir $LIBRA desde sus cuentas oficiales, lo que derivó en un alza del 1300% en su valor antes de un abrupto desplome que ocasionó pérdidas millonarias a numerosos inversores.

El artículo 2 de la Ley 25.188 detalla los deberes y pautas de comportamiento ético que deben seguir los funcionarios públicos. Entre ellos, se destaca la obligación de actuar con honestidad, transparencia y velar por los intereses del Estado. El inciso g) específicamente prohíbe el uso de bienes, servicios o información oficial para promover productos o empresas privadas. La acción de Milei al promocionar $LIBRA en sus redes sociales oficiales podría ser interpretada como una violación directa de este inciso, al utilizar su investidura presidencial para avalar un activo digital de carácter privado.

Además, la ley contempla sanciones severas para quienes incurran en estas faltas. Se estipulan penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua para aquellos funcionarios que intervengan en operaciones de las que puedan beneficiarse directa o indirectamente. Aunque Milei ha negado haber obtenido beneficios personales de esta promoción, la oposición insiste en que su respaldo a $LIBRA facilitó movimientos financieros sospechosos que perjudicaron a más de 40.000 personas, con pérdidas estimadas en 4.000 millones de dólares.

En respuesta a las críticas, el presidente anunció la creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) bajo la órbita de la Presidencia, destinada a analizar el caso. Esta unidad estará compuesta por especialistas en criptoactivos, actividades financieras y prevención de lavado de dinero. Sin embargo, este movimiento ha sido recibido con escepticismo por parte de la oposición y diversos sectores de la sociedad civil, quienes cuestionan la imparcialidad de una investigación conducida por un organismo dependiente del propio Ejecutivo.

La Oficina Anticorrupción (OA), encargada de llevar adelante la investigación, ha sido objeto de controversia debido a su estructura jerárquica. Originalmente, bajo el Decreto 54/2019, la OA gozaba de independencia técnica y dependía directamente de la Presidencia de la Nación. No obstante, el Decreto 45/2023, emitido por el propio Milei, reestructuró la OA como un organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia, subordinándola funcionalmente a dicho ministerio. Esta modificación ha suscitado dudas sobre la autonomía y capacidad de la OA para llevar a cabo una investigación transparente y objetiva en este caso.

Frente a esta situación, bloques legislativos opositores, entre ellos Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, han anunciado la presentación de un pedido de juicio político contra el mandatario. Además, exigen que Milei comparezca ante el Congreso para brindar explicaciones detalladas sobre su implicación en la promoción de $LIBRA y que dicha sesión sea transmitida en cadena nacional para garantizar la transparencia del proceso. Estas acciones reflejan la gravedad con la que se percibe el asunto y la determinación de la oposición para que se esclarezcan los hechos.

Mientras tanto, la sociedad argentina observa con atención el desarrollo de los acontecimientos. El escándalo ha trascendido las fronteras nacionales, generando repercusiones en los mercados internacionales y afectando la imagen del país en el exterior. La comunidad inversora y los organismos de control financiero se mantienen alerta ante posibles implicaciones legales y económicas derivadas de este episodio. La resolución de este caso sentará un precedente significativo en materia de ética pública y responsabilidad gubernamental en el manejo y promoción de activos digitales.

En el marco de las investigaciones, la jueza federal María Servini ha asumido la responsabilidad de llevar adelante el proceso judicial relacionado con este escándalo. La magistrada deberá determinar si las acciones del presidente constituyen una violación a la Ley de Ética Pública y si existen elementos suficientes para avanzar con el juicio político y posibles sanciones penales. 

La decisión de la jueza será determinante para el futuro político de Milei y para la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por la integridad y transparencia en el ejercicio de la función pública.

Este martes, a partir de las 11 de la mañana, Claudio Lozano (presidente de Unidad Popular), Jonatan Baldiviezo (Abogado fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad), Marcos Zelaya (Abogado coordinador del área de Derecho y Nuevas Tecnologías), y María Eva Koutsovitis (Ingeniera fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos) realizarán la ratificación de la denuncia penal contra el presidente ante la titular del Juzgado Federal 1.