Si este escándalo dentro de la Policía Federal Argentina fuera un partido de fúbtol, diríamos que es uno de esos de mucho ida y vuelta. Un verdadero partidazo, con resultado cambiante, ataques y contragolpes y, por supuesto, goles en ambos arcos. Una trama compleja de supuesta corrupción de las fuerzas de seguridad que, llegando al final del segundo tiempo, parece definida. 

La causa empezó en febrero de este año, cuando el coronavirus todavía nos parecía un problema exclusivo de los que vivían del otro lado del mundo, con una denuncia de los abogados de la empresa de tecnología Samsung por tráfico ilegal de teléfonos celulares. El juez en lo penal económico Pablo Yadarola y el fiscal Jorge Dahl Rocha dieron comienzo así a una investigación que derivó en una serie de allanamientos efectuados por el Departamento de Delitos Federales de la PFA. 

En esos operativos, en domicilios que correspondían a un empresario llamado Natalio Dabul, se secuestraron U$S 137 mil, más de medio millón de pesos, euros, celulares, computadoras, cámaras de fotos, tarjetas de memoria y hasta una máquina para la minería de criptomonedas, utilizada habitualmente para la exploración de transacciones en Bitcoin. Dabul se convirtió de manera automática en un sospechoso principal. Sin embargo, seis meses después de esos hechos, todavía no fue citado a declarar como imputado. 

El 6 de marzo el Juez  dejó sin efecto que la pericia de los elementos secuestrados la lleve adelante por agentes de la Policía Federal y le dio esa tarea a la Prefectura Naval, a través de su División de Pericias Informáticas. La decisión llamó la atención pero lo más sorprendente aun es que esas pericias nunca se realizaron.

Hacia fines de mayo apareció una denuncia anónima, presentada vía correo electrónico en el juzgado de Yadarola, que provocó un giro de 180 grados en la investigación. El texto apuntaba directamente contra dos Jefes de Delitos Federales de la Policía, Lionel Selva y Diego De La Fuente, responsables de buena parte de las tareas realizadas hasta ese momento. El denunciante anónimo, que decía ser policía, acusó a los comisarios de robo y reventa de mercadería, entre otros delitos. Decía puntualmente, por ejemplo, que los oficiales le habían robado 10.000 dólares a Natalio Dabul. 

El comienzo del mail anónimo que cambió la investigación.

El comerciante ratificó posteriormente en sede judicial todo lo que decía ese mail. La única corrección fue en torno a la cifra de lo supuestamente robado por Selva y De La Fuente: aseguró que eran un poco más de 8 mil dólares y no 10 mil. Yadarola pasó entonces a dar vuelta las cosas y los investigadores empezaron a ser investigados. Se ordenaron allanamientos en direcciones vinculadas a los dos altos rangos de la Federal y fueron pasados a disponibilidad. En la casa del padre de De La Fuente se encontraron cajas de cigarrillos y zapatillas, mientras que no hallaron nada comprometedor en la casa de Selva. 

Los comisarios, cercanos al jefe de la fuerza Juan Carlos Hernández, desmintieron todas las acusaciones en su contra y, a medida que accedieron al expediente, empezaron a notar algunas irregularidades. El mail anónimo, disparador del drástico cambio en la causa, tenía muchas inconsistencias. Se hablaba de la "División de Delitos Federales", cuando se trata en realidad de un "Departamento", a Selva se lo mencionaba como Leonel Silva en reiteradas oportunidades y se alteraba el orden de subordinación entre él y De La Fuente. 

Ahora, la Sala B de la Cámara de Apelaciones tomó en consideración esas observaciones y decidió además que el juzgado en lo penal económico no tiene competencia sobre estos hechos. "Resulta llamativo que un integrante del Departamento Delitos Federales de la Policía Federal no conozca con precisión el apellido de uno de sus jefes y que decida formular una denuncia anónima mediante la remisión de un correo electrónico al juzgado que ordenó un procedimiento", dice el reciente fallo. 

Ahora, la defensa del comisario Selva, a cargo del abogado Claudio Calabressi, podría solicitar un sumario dentro de la PFA y pedir el juicio político de Pablo Yadarola por su accionar en esta causa. Desde algunos sectores de la fuerza entienden esta embestida judicial como un intento de desgaste de la figura de Juan Carlos Hernández, quien resultó salpicado por sospechas de corrupción ante la investigación que apuntaba a dos hombres de su confianza. "Existía una clara intención de direccionar todas las investigaciones para ese lado", asegura un oficial importante que conoce la interna policial.