Una semana atrás, entendiendo que los plazos para el tratamiento en la comisión Bicameral están cumplidos, desde Unión por la Patria le pidieron a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, una sesión especial para este miércoles 1 de febrero a las 14 con el objetivo de tratar el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei.

Pero la Presidenta de Senado dilató la decisión hasta último momento y, finalmente, no convocó a la sesión solicitada por UxP. Para denunciar esta arbitrariedad, desde el bloque de convocaron a una rueda de prensa a la misma hora que habían solicitado la reunión. 

“Nunca hemos tenido un DNU de esta envergadura. Es tan abarcativo que deroga 70 leyes y afecta unas 300. Nosotros queríamos una audiencia pública y discutir título por título, que vengan los funcionarios responsable de este DNU y que le expliquen al pueblo argentino, pero todo eso no sucedió”, expresó el senador formoseño, José Mayans.

“Es gravísimo que la Vicepresidenta de la Nación y Presidenta del Senado no dé cumplimiento a sus obligaciones y deberes, menoscabando la representación de las senadoras y senadores”, expresó el rionegrino Martín Doñate.

“Claramente es enemiga de la Constitución Nacional”, expresó el legislador y señaló: “Coherente con el atropello a las instituciones democráticas, Villarruel se llama a silencio y se esconde en un hotel o en una oficina porque sabe que tiene el rechazo de la mayoría de los Senadores y le preocupa no contar con los votos cómplices que necesita para condenar a la Argentina a una miseria sin precedentes”. 

Doñate recordó que “el Poder Ejecutivo anunció el DNU el 21 de diciembre y el plazo límite para tratarlo fue el 19 de enero”. “Sin embargo, ya estamos en febrero y aún ni se constituyó la Comisión Bicameral para poder tratar un decreto de gran relevancia ya que incumple con el artículo 99 de la Constitución y pretende avasallar con derechos fundamentales para una Argentina próspera y democrática”, precisó. 

Mientras no se trate y sea rechazado, el DNU sigue vigente. Si bien los amparos judiciales bloquean algunos artículos específicos, como es el caso de las reformas laborales, el grueso del decreto continúa corriendo.  En este marco, Doñate alertó: “En Río Negro y la Patagonia la vigencia de este decreto inconstitucional está generando un daño irreparable”.

Por su parte la senadora Cristina López, denunció que la vicepresidenta “rompió las reglas institucionales” al no llamar a sesionar a la Cámara Alta para rechazar el mega DNU firmado por Javier Milei. Y alertó que mientras “el Decreto de Necesidad y Urgencia siga vigente se profundiza todos los días el ajuste a los jubilados y a los trabajadores”.

“El golpe al bolsillo de los fueguinos y fueguinas es brutal. Volvió a aumentar la nafta, volvieron a aumentar los alquileres, vuelven a aumentar todos los precios de la canasta familiar, más ajuste, más inflación son más familias que caen en la pobreza”, expresó la senadora por Tierra del Fuego.

“Los defensores de la República demostraron una vez más que no les importa cumplir la ley. Cómo dicen sus aliados en el Congreso: si nuestro signo político no llamaba a sesionar hubieran puesto el grito en el cielo”, argumentó.

La ratificación del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23  está contemplada dentro de la Ley Ómnibus que está tratando la Cámara de Diputados. Si el artículo consigue la aprobación de la Cámara Baja, deberá tratarse en el Senador. 

Tras el reclamo, los senadores de La Libertad Avanza movieron sus fichas y emitieron un comunicado en el cual aseguraron que respaldan “el trabajo de diálogo y búsqueda de consenso llevado adelante por la presidente del cuerpo, que se ha ajustado estrictamente a lo establecido por la Constitución Nacional, las leyes, y el reglamento interno del H. Senado de la Nación”. 

Además, le solicitaron a la Cámara de Diputados que “a la mayor brevedad posible” designe los miembros para integrar la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. 

“Urge la necesidad de dar tratamiento en dicha comisión a los más de 100 decretos de necesidad y urgencia vigentes, que aún no han recibido tratamiento alguno por parte del Congreso de la Nación”, manifestaron.