Quiénes son los represores detenidos que demandaron a periodistas de Data Clave

Calumnias, falsa imputación, intimidación y actos discriminatorios. Con esas calificaciones, un grupo de represores denunció en la justicia federal a dos periodistas de Data Clave tras la serie de notas e informes que revelaron el plan que se gestaba para liberar genocidas actualmente detenidos en cárceles federales.

Mario Sandoval, Carlos Ernesto Castillo, Ernesto Emilio Etchart, Gonzalo Sánchez y Eduardo Ramos se presentaron primero en los tribunales federales de San Martín por una cuestión territorial, ya que están detenidos en la cárcel de Marcos Paz. El juez Emiliano Canicoba Corral la giró a Comodoro Py y allí recayó en el Juzgado Criminal y Correccional N°4, a cargo e Ariel Lijo. De acuerdo a lo que pudo recabar Data Clave, la presentación de los genocidas no fue ratificada y tampoco cuenta con un requerimiento de instrucción de la fiscalía, que es el escrito que permite la apertura de una investigación.

Hace poco más de 4 meses, Data Clave reveló que trece diputados del bloque de La Libertad Avanza, cinco abogados y juristas de gran peso y un par de referentes del ala más conservadora del catolicismo se reunieron en marzo en la sede de la "Fundación San Elías", institución que dirige el sacerdote Javier Olivera Ravassi. El objetivo, a lo largo de diversas reuniones, era diseñar un plan de acción no solo para liberar genocidas sino un proyecto que permitiera ir contra jueces y fiscales que siguen una agenda de defensa de los Derechos Humanos. 

El 11 de julio de este año, seis diputados subieron a una combi en la puerta del Congreso y se dirigieron al penal de Ezeiza. La convocatoria al paseo fue promovida por el diputado entrerriano Beltrán Benedit y el socio de Victoria Villarruel en la Fundación "Oíd Mortales" y también legislador Guillermo Montenegro. La visita se hizo pública a raíz del arrepentimiento de dos diputadas, la santafesina Rocío Bonacci y la mendocina Lourdes Arrieta, que se mostraron molestas y engañadas por sus compañeros de bancada que patrocinaron la visita.

Los denunciantes "intimidados"

fue uno de los hombres del teniente coronel Jorge Osinde. En febrero de 1976, secuestró y asesinó al titular del gremio de trabajadores del Hipódromo de La Plata, Carlos Antonio Domínguez. El cuerpo del dirigente apareció en el Camino Negro, que lleva a Punta Lara, con cuarenta disparos. 

En septiembre de aquel año fue parte de la patota que secuestró a los estudiantes en el caso conocido como “La noche de los lápices” mientras que en 1982 fue detenido por robo. En 1984 cayó preso por intento de secuestro extorsivo junto a la banda de Aníbal Gordon y en 1991 fue aprehendido por tener un arsenal en una casa cercana a la quinta de Olivos.

Tras estar prófugo varios años, en 2017 fue condenado a prisión perpetua por los secuestros y homicidios de Carlos Domínguez, Leonardo Miceli, Néstor Dinotto y Graciela Martini y el secuestro de Úrsula Baron y Daniel Pastorino, todos hechos perpetrados entre febrero y abril de 1976. Por los delitos en el Cuerpo de Caballería de 1 y 60 y en la comisaría Octava de La Plata también fue condenado a perpetua. 

Por su parte, Mario “Churrasco” Sandoval fue condenado en la Causa Esma VI a quince años de prisión por la privación ilegal de la libertad de Hernán Abriata. El represor fue subinspector del departamento de Asuntos Políticos de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina pero operaba con el grupo de tareas 3.3, que actuaba en la ESMA. 

Estuvo prófugo desde 1983 hasta 2019, y para poder juzgarlo fue extraditado desde Francia. Con 71 años, reclama prisión domiciliaria por su estado de salud. 

Con respecto a Ernesto Emilio Ramón Etchart, fue jefe de sección de la Compañía Comunicaciones y Comando del Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca durante el terrorismo de Estado. La fiscalía le imputa secuestros y torturas contra 16 víctimas, y violencia sexual en perjuicio de una mujer. Fue capturado en 2022 en Ushuaia luego de pasar varios años como prófugo.

Está preso en Campo de Mayo sin condena firme. Es uno de los “presos nuevos”, por eso tuvo conflictos con otro preso, que amenazó con degollarlo 

Gonzalo “Chispa” Sánchez fue oficial de la Prefectura y durante la dictadura integró el Grupo de Tareas 3.3 de la ESMA. Fue parte de la patota que asesinó a Rodolfo Walsh y responsable de los vuelos de la muerte. 

Además del caso Walsh, se le imputaron 203 crímenes de lesa humanidad como integrante de la patota de la exEscuela de la Armada. Estuvo prófugo en Brasil hasta que fue extraditado en 2020. Está detenido en Campo de Mayo, donde se hizo pastor evangelista mientras espera el juicio. 

Eduardo Alberto “Curro” Ramos integraba la Policía de Santa Fe. Está preso en Campo de Mayo, donde se desempeña como escritor. En 2009, en el primer juicio de lesa humanidad de Santa Fe, Ramos fue condenado a 23 años de prisión por “secuestros” y “torturas” a cinco víctimas. 

En 2014, se le fijaron 9 años por “asociación ilícita”. En 2017, fue condenado a prisión perpetua por el “homicidio doblemente agravado” de Feresín y la “privación ilegal de la libertad agravada” y “tormentos agravados” de otras siete militantes de la Juventud Peronista. 

Finalmente en 2019, le dieron 20 años de prisión por “privación ilegal de la libertad agravada” a tres víctimas –dos de ellas de la Federación Juvenil Comunista-, “violación sexual agravada” a una jovencita de la UES de 16 años y “tormentos agravados” y “abuso deshonesto” a otra de 14, entre otros hechos. En la Argentina, las condenas no se suman, por lo tanto se unificaron en prisión perpetua.