Gonzalo Mórtola, ex interventor de la Administración General de Puertos (AGP) durante el gobierno de Mauricio Macri, está acusado de administración fraudulenta y deberá enfrentar un juicio oral el próximo 14 de mayo. 

El proceso judicial se inició por la contratación directa e irregular de la consultora extranjera INDRA por un monto superior a los U$S 940 mil, basándose únicamente en un informe de dos carillas elaborado por “asesores” que él mismo contrató. Ahora, en un intento desesperado por evitar la condena, Mórtola busca llegar a un acuerdo con la Fiscalía que le permita compensar económicamente a una institución de salud pública y así esquivar el juicio.

La causa judicial avanzó a paso firme pese a los múltiples intentos del ex funcionario por frenar el expediente. Desde su imputación, Mórtola desplegó una batería de estrategias para dilatar el proceso, apostando a que un giro en el tablero político pudiera salvarlo. Incluso, durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei, intentó acercarse al nuevo oficialismo mostrando su historial en la gestión portuaria y su participación en el diseño del pliego de licitación de la Hidrovía durante la era Cambiemos.

Entre las maniobras dilatorias más notorias se destaca el pedido de librar exhortos internacionales a España y otros países en los que, según su defensa, se habrían realizado presentaciones del proyecto del Puerto de Buenos Aires. Sin embargo, el juez Daniel Rafecas, a cargo del juicio oral, desestimó de planos pedidos esos al considerarlos “intentos de dilatación”. En un fallo categórico, sostuvo que “el objeto del proceso no es determinar si el material elaborado por ALG/INDRA era útil o beneficio para el Puerto de Buenos Aires, sino si la contratación directa se ajusta a la normativa vigente”.

Otra de las tácticas de Mórtola fue intentar remover a la AGP como querrellante en la causa, lo que hubiera implicado un freno importante en el avance de la investigación. Pero esa jugada también fue rechazada por Rafecas, quien ratificó el rol activo del organismo portuario como parte acusadora. Desde allí, la AGP motorizó la causa en busca de justicia por el envío de fondos públicos.

La causa fue elevada a juicio oral por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien sostuvo en su escrito que “la consultora fue elegida, al menos arbitrariamente, es decir, sin el menor fundamento legal o de conveniencia”. Según el magistrado, la contratación directa violó de manera clara el régimen de contrataciones, al eludir el mecanismo de licitación pública que hubiera permitido la participación de otros oferentes.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal ratificó esa postura. Los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi avalaron la decisión de Martínez de Giorgi y mantuvieron firme la imputación contra Mórtola. En el expediente se detalla que el ex interventor habría violado sus deberes como funcionario público para beneficiario directamente a INDRA, sin ningún procedimiento competitivo ni transparente.

El entramado judicial que envuelve a Mórtola no es menor: su papel como figura clave en la planificación de la licitación de la Hidrovía durante el macrismo lo ubicó como un hombre fuerte en el área de infraestructura portuaria. Incluso, fue parte de una comitiva que viajó con Macri a los Países Bajos, donde ambos intentaron abrir contactos con el gobierno neerlandés para avanzar con la licitación. Aquella iniciativa fracasó estrepitosamente en febrero pasado, pero aún se mantienen los ecos políticos de lo que pudo haber sido un millonario negocio con tierras del Estado.

El juicio oral contra Gonzalo Mórtola comenzará el 14 de mayo en los tribunales federales de Comodoro Py, bajo la órbita del juez Daniel Rafecas, salvo que la Fiscalía acepte el acuerdo de reparación económica que propuso el ex funcionario. Por ahora, todo indica que se sentará en el banquillo de los acusados ​​por defraudación al Estado.