A mediados de febrero el cura Javier Olivera Ravasi, hijo del genocida condenado a perpetua Jorge Olivera hizo de nexo entre distintas personas con el objetivo de articular proyectos en pos de conseguir la libertad de todos los condenados por delitos de lesa humanidad.

Para ello armó un grupo de chat con una primera finalidad: invitar a los participantes a un encuentro personal en la sede de la Fundación San Elías. Nombró a ese primer grupo (en paralelo armarían luego dos más) como "Comida informal con Padre Javier X milit". Sumó a la sala de chat a los diputados Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Lilia Lemoine, Alida Ferreyra, María Celeste Ponce, Santiago Santurio, Carlos Zapata, Gerardo Huesen, María Fernanda Araujo, Nicolás Mayoraz, María Emilia Orozco, Lourdes Arrieta y Alberto Arancibia.

Agregó también a cinco abogados: Enrique Munilla Lacasa, abogado defensor de Leopoldo Fortunato Galtieri y Jaime Smart; a Edgardo Frola, amigo personal de Ramón Camps y defensor de Aldo Rico y Samuel Miara; a Eduardo Rafael Riggi, excamarista federal, nombrado en 1978 por Jorge Rafael Videla y denunciado por 61 víctimas de delitos de lesa humanidad por la demora deliberada en la instrucción de sus causas; María Laura Olea, abogada hija del excoronel Enrique Braulio Olea, condenado a perpetua por homicidios, secuestros y torturas en el Centro Clandestino de Detención "La Escuelita" de Neuquén; Ricardo Saint Jean, hijo de Ibérico Saint Jean, muerto en prisión cumpliendo perpetua por cientos de crímenes cometidos como jefe del Circuito Camps.

Si bien no figura como integrante del grupo, es mencionada por Ravasi la jueza Agustina Díaz Cordero, integrante del Consejo de la Magistratura y jueza civil desde 2018. “Me ofrezco a hacer de nexo con la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura. Estuvo con nosotros en la primera reunión para quienes recuerdan”, dijo el cura en uno de los chats.

Tras la revelación de Data Clave, trece organismos de derechos humanos le enviaron una nota al presidente del Consejo de la Magistratura y juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, donde pidieron explicaciones sobre el rol que pudo haber tenido la jueza civil Agustina Díaz Cordero en el plan para liberar genocidas.

Tras esto, y en el marco de plenario del Consejo de la Magistratura, el consejero Rodolfo Tailhade retomó el tema. “Por el organismo y el prestigio y reputación del cuerpo y del Poder Judicial es indispensable dar una respuesta sobre lo sucedido con la vicepresidenta del Cuerpo cómo apunta en los chats un sacerdote", señaló.

"Siempre la consideré a la consejera Díaz Cordero una persona sumamente razonable en su política con la Justicia por lo que me parece que esa característica que tiene la doctora no debería traer ningún inconveniente para que nos aclarare”, agregó el diputado.

Ante esto, la jueza tomó la palabra y desmintió cualquier tipo de vinculación con el grupo que juntó el cura Ravasi. “No tengo nada que ver con todo esto y voy a responder la nota, tanto a los organismos de ddhh que han presentado, como al presidente y a cada uno de ustedes”, aseguró