Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, ex jefes de la Agencia Federal de inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri fueron procesados este martes en la causa por la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

El juez federal interino de Dolores, Martín Bava, los procesó como responsables de la "realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de partícipes secundarios" y les trabó embargos hasta cubrir la suma de 20 millones de pesos. 

Con la resolución de este mediodía ya son 11 los exfuncionarios de la AFI y exagentes de la casa de espías por el supuesto espionaje ilegal a los allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan como así también del buque "El Repunte" y del buque “Rigel”; mientras que aún resta resolverse la situación procesal del expresidente Mauricio Macri.

El magistrado entendió que Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, quienes fueron Directores de la Dirección Operacional de Contrainteligencia durante el período investigado, posibilitaron que las acciones prohibidas continuaran por, al menos, el lapso de un año.

El juez Bava recordó en su fallo que el llamado a indagatoria de los ex directores de Contrainteligencia de la AFI fue motivado por la referencia efectuada por el imputado extitular de esa agencia, Gustavo Arribas, en su indagatoria, cuando dijo que los imputados debieron controlar las acciones ilegales llevadas adelante desde la Delegación Mar del Plata.

“Fueron deliberadamente estériles los mecanismos de control internos que dispuso la Agencia Federal de Inteligencia para llevar adelante la investigación de las conductas ilícitas en las que tomaron participación activa las máximas autoridades de la Agencia”, sostuvo el juez Bava.

“Lo dicho no absuelve a los imputados de su responsabilidad de velar por legalidad del trabajo llevado adelante por las dependencias que estuvieran a su cargo. Por el contrario, a raíz de la información incorporada en esta investigación, no quedan dudas que los imputados permitieron que se continuaran realizando las conductas ilícitas investigadas en autos por el lapso, por lo menos, de un año”, agregó.

Bava responsabilizó principalmente por el espionaje ilegal a Arribas y a su exsubdirectora Silvia Majdalani y remarcó que Dalmau Pereyra y Coste “permitieron que continuaran realizándose tareas de inteligencia ilegales sobre los familiares de los buques pesqueros referidos y, en particular, sobre los allegados a los tripulantes del submarino ARA San Juan”.

"Todas estas tareas de inteligencia ilegal “no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en la opinión de esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno que el imputado encabezaba”, según surge del expediente.