Prisión domiciliaria para el marido de Píparo: será controlado con tobillera y no podrá manejar
Lo ordenó la jueza Garmendia. Buzali, imputado por tentativa de homicidio, continuará el cumplimiento de la prisión preventiva en su casa. La querella tiene cinco días para apelar la medida.
A Juan Ignacio Buzali, marido de la diputada provincial Carolina Píparo, se le ordenó el beneficio de la prisión domiciliaria, que aún deberá ser efectivizado. Lo resolvió la jueza Marcela Garmendia, del juzgado de Garantías N°5 de La Plata, al considerar que hay razones suficientes para “morigerar la medida cautelar que cumple”. Las dos querellas, que representan a las dos víctimas, cuentan con cinco días para apelar la medida. Si esto ocurre, lo resolverá la Cámara de Apelaciones.
Buzali, imputado por el delito de “homicidio en grado de tentativa”, tras atropellar dos jóvenes (ajenos al robo que había sufrido minutos antes) en la madrugada del 1 de enero, está cerca de continuar con su prisión preventiva en su domicilio. Para otorgar el beneficio, se estableció que tendrá prohibido manejar autos y será monitoreado con tobillera electrónica.
Además, a Buzali se le realizará un tratamiento psicológico. La jueza estimó “conducente tomar la recomendación de las peritos psicólogas con respecto al inicio de tratamiento en la especialidad a fin de tratar las problemáticas referidas, entendiendo que ello, a su vez, constituye una medida complementaria de aseguramiento”. Las problemáticas referidas surgen del informe de las Peritos Psicológicas de la Asesoría Pericial, que señalaron que advirtieron sobre posibles “situaciones de estrés emocional donde sus mecanismos defensivos fallen y prevalezcan las conductas de acción por sobre los actos razonados”.
Respecto al cumplimiento de la pena en su domicilio, la magistrado señaló que el imputado “cuenta con domicilio donde poder cumplir la medida, un núcleo familiar conviviente conformado por su esposa e hijos menores de edad, y la posibilidad de retomar su vínculo laboral –de manera remota- con la empresa YPF”.
“El lugar de residencia cuenta con seguridad general al ingreso, a lo que sumo el carácter de persona pública que ostenta su esposa, circunstancias que limitan sobremanera un eventual riesgo de fuga”, argumentó su decisión Garmendia.