La última medida del Gobierno nacional en su inicio de "la guerra contra la inflación", donde Alberto Fernández decretó el aumento de retenciones del 31 al 33% en productos como la harina y el aceite de soja, generó un gran disconformismo en las entidades agropecuarias y todo indica que podría haber una nueva interna en el Congreso nacional para tratar esta decisión tomada por el Poder Ejecutivo.

Sobre la recta final del viernes, el jefe de Estado argentino envió un mensaje grabado a la población, en la Quinta de Olivos, donde anunció la creación de un "Fondo de Estabilización del Trigo" con la misión de intentar contener los precios internos y desacoplarlos de los valores internacionales, actualmente en aumento por la delicada situación global tras la invasión de Rusia a Ucrania.

La decisión se materializó en los Decretos 131/2022 y 132/2022 publicados este sábado en el Boletín Oficial, firmados por el presidente Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Los textos establecen que a partir de ahora y hasta el próximo 31 de diciembre, se incrementó la alícuota del derecho de exportación que pagan determinados alimentos, entre los cuales están la harina y el aceite de soja, que pasarán a abonar el 33%.

Tras el anuncio, el ministro Domínguez brindó una conferencia de prensa e intentó seducir con su discurso a los productores, asegurando que "la filosofía de este ministerio es defender a la gallina de los huevos de oro de la economía". "Queremos desacoplar los precios internos de los externos", reconoció, adhiriéndose al "plan de guerra" de Alberto Fernández.

Uno de los puntos centrales del discurso de Domínguez es que dejó en claro que no se estableció el "aumento de retenciones", sino que se "establece la suspensión temporaria del diferencial del 2% de derechos de exportación". Esto se debe por un motivo central: si el Gobierno reconoce el aumento textualmente, podría ser rechazado por vía judicial, debido a que esa facultad no fue aprobada en la Cámara de Diputados cuando se terminó rechazando el proyecto de Ley de Presupuesto 2022.

La decisión del Gobierno generó un fuerte malestar en casi todas las entidades agropecuarias. Al respecto, ya se expresaron la Cámara de Aceiteros, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Mesa de Enlace, Coninagro y la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (APYMIMRA), entre otros espacios.

Pero así como hay un repudio generalizado, también hay diferencias dentro del campo. Pero las diferencias no son dialécticas, sino de formas. Mientras hay sectores más "combativos" y dispuestos a confrontar con el Gobierno en la calle, otras entidades prefieren llevar las discusiones al terreno de las mesas de diálogo. Incluso, la incorporación de Julián Domínguez al ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca fue un "gesto" del Gobierno para mostrar voluntad en la búsqueda de consensos. "Yo lo conozco a Julián, es un tipo de diálogo, trabajé con él en la Cámara de Diputados y logré una muy buena relación", le dijo hace poco a Data Clave Ricardo Buryaile, diputado nacional y ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri.

Según pudo confirmar Data Clave, está previsto que la próxima semana distintos bloques parlamentarios, ligados a la oposición, reciban a las entidades agropecuarias y escuchen sus inquietudes y quejas por los últimos movimientos del Gobierno.

Son varios los interlocutores que buscarán hacer posible la presencia del campo en el Congreso. Y en cuanto a la coordinación del campo, la Mesa de Enlace es el principal espacio que busca tener charlas con los legisladores. Uno de los que confirmó que recibió un pedido formal fue Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del Interbloque Federal.

Sin embargo, acorde a lo que pudo averiguar este medio, uno de los principales legisladores que está recepcionando y coordinando las demandas del campo es el diputado liberal José Luis Espert, de familia y tradición agropecuaria y con un vínculo muy aceitado con los sectores del campo. De hecho, su llegada al Congreso tiene como objetivo representar los intereses de ese sector.

Desde su espacio Avanza Libertad, que también tiene como legisladora a la exCambiemos Carolina Píparo, presentaron desde su llegada un proyecto de Ley para restituir la facultad del Congreso al Poder Ejecutivo para fijar derechos de importación y exportación.

El diputado liberal, entre sus fundamentos, sostiene que debe ser el Congreso el que fije estos parámetros. "Necesitamos un poder legislativo que revalorice su función y que el debate sea la herramienta para llegar a esos lugares comunes que pondrán en valor a la república", dice el proyecto, que va más allá del rechazo parcial a esta última suba de retenciones.

La principal coalición opositora ya presentó un proyecto con más de 50 firmas para rechazar la suba de retenciones, argumentando que es una medida "inconstitucional". La iniciativa pertenece al diputado puntano de UCR Evolución, Alejandro Cacace.

La medida tiene la firma de legisladores de legisladores del PRO, UCR y Coalición Cívica, entre ellos Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Waldo Wolff, Silvia Lospennato, Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro.

El proyecto de Cacace manifiesta entre sus argumentos que "cualquier alícuota para cobrar derechos de exportación que se fije o haya fijado para regir a partir de 2022, sin una ley del Congreso que las establezca es inconstitucional". A su vez, rechazan la idea de que el Poder Ejecutivo esté avalado por el artículo 755 de la Ley N°22.415 del Código Aduanero. Sostienen que esta supuesta facultad "ha sido categóricamente cuestionado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de su validez constitucional, debido a que no contiene los elementos esenciales del tribuyo, como la determinación de la alícuota a aplicar".

"El Congreso no puede avalar que el poder Ejecutivo aumente impuestos amparados en viejas normas que ya han sido declaradas inconstitucionales. Es necesaria la intervención del Congreso y en este caso, corresponde rechazar el decreto 131/22 por todas las razones expuestas", soslaya.

La medida no cayó bien en las entidades agropecuarias y ya existen sectores autoconvocados que no descartan tomar medidas extremas para frenar el avance del Gobierno en la suba de retenciones.

De todos modos, desde la Mesa de Enlace tienen como primera medida trasladar la batalla al Congreso nacional, algo distinto a lo que ocurrió en la Resolución 125, donde primero se combatió en la calle y después se terminó resolviendo en el Parlamento.

Pero también admiten que la paciencia es corta. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, expresó hace algunos días en Infoabae, antes de esta decisión gubernamental, que "si el Gobierno insiste con las señales negativas al campo, el malestar nos llevará a las rutas".