En Comodoro Py se inició una investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del dictador Daniel Ortega y otras autoridades del régimen de Nicaragua.  

En concreto, el Juzgado Federal Nº 4, a cargo del juez Ariel Lijo, envió un exhorto a la justicia del país centroamericano para conocer si existen causas abiertas donde se investiguen ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada de personas o torturas.

En el caso, el fiscal Eduardo Taiano recordó la aplicación del principio de jurisdicción universal por parte del Poder Judicial de nuestro país, junto con "los compromisos internacionales asumidos por nuestro país que “establecen el deber de los tribunales internos de investigar en nombre de la comunidad internacional con independencia del lugar donde se hayan suscitado".

El régimen de Ortega se encuentra bajo la mira internacional y en los últimos tiempos recibió fuertes cuestionamientos. "En Nicaragua se cometen crímenes de lesa humanidad en el marco de un terrorismo de Estado y de un Estado Policial de Excepción", señaló un informe elaborado por 15 organizaciones humanitarias, y avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El documento también advierte sobre "la criminalización de la protesta social, las detenciones arbitrarias, los presos políticos, la prohibición de la protesta social, el camino hacia un Estado de Excepción, los secuestros exprés, las torturas y las evidencias de cárceles clandestinas".

Esta no es la primera vez que el Poder Judicial investiga una denuncia por crímenes de lesa humanidad cometidos en otro país. A finales de 2021, la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional Federal ordenó que el fuero federal porteño debe investigar la presunta comisión de crímenes contra la humanidad en la nación de Myanmar cometidos entre 2012 y 2017 en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de la comunidad Rohingya.

Para los jueces, "en virtud del carácter de este tipo de delitos es obligación de todos los estados, por normas imperativas de derecho internacional, aunque sea una investigación preliminar que dé cuenta de actos lesivos que vulneren, en términos del Estatuto, 'la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad'.