"Jamás formé parte de ninguna estructura de inteligencia ni tuve participación en ese tipo de actividad, ya sea que se haya llevado a cabo en forma legal o ilegal", dijo hoy la ex Secretaria de Documentación Presidencial Susana Martinengo en un escrito que le presentó al juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé.

Martinengo había sido llamada a declarar hoy en indagatoria en el marco de la causa por el espionaje ilegal llevado adelante por agentes de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. La ex funcionaria se negó a contestar preguntas en el zoom que se hizo esta mañana junto con los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide y se remitió justamente al escrito que entregó. 

Martinengo sostuvo que ella no era el nexo entre agentes de inteligencia y el Gobierno Nacional. "No tengo la suficiente formación para diferencia si la información que habitualmente se intercambia entre amigos en diálogos con contenido político provenía de tareas de inteligencia o de otro tipo de información que pueda haber llegado a oídos de quienes compartían esas reuniones conmigo", se defendió y dijo que las actividades de inteligencia eran "un mundo inaccesible y de difícil comprensión".

"Escapa a toda lógica que el presidente de la Nación o algún funcionario cercano a él, como Darío Nieto, se valieran de mis servicios para lograr información proveniente de un organismo de inteligencia que se encontraba permanentemente a su servicio, pudiendo acceder directamente a los funcionarios designados a tales fines", marcó Martinengo.

"Surge con claridad que no tuve participación punible de ningún tipo en los hechos que se investigan, circunstancia que justifica mi total desvinculación de las presentes actuaciones", dijo la ex funcionaria al pedir su sobreseimiento. De todas formas, le manifestó a Augé que si quiere avanzar en la causa, le dicte por lo menos una falta de mérito.

Antes de que comenzara la indagatoria, el juez federal de Lomas ordenó una serie de medidas de prueba para determinar cómo se realizó la compra de unas cámaras de video que presuntamente fueron utilizadas para espiar detenidos en la cárcel de Ezeiza y en una cárcel boanerense. La orden de presentación (una especie de previa a la orden de allanamiento) fue dictada para que se busque la documentación relacionada a la compra en la firma importadora de los equipos, ubicada en el barrio de Liniers. 

Cabe recordar que en la causa se encontró, dentro del teléfono de uno de los espías, los nombres de los detenidos y una planilla tipo "semáforo", como orden de prioridades. Dentro de los señalados están César Milani, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, Fabián De Souza, Julio De Vido y Cristóbal López, entre otros.